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En Puerto Ricocuyo sistema de honradez es de origen anglosajón, un 95 por ciento de los procesos se negocianinclusive muchos que tienen que ver con crímenesconveniente a que, según miembros de la judicatura de la isla, los tribunales colapsarían si todos los expedientes se conocen hasta el final del riña.
Con una población de poco más de 3.2 millones de habitantes, el Estado Rescatado Asociado de Puerto Rico cuenta con un total de 40 tribunales ubicados en 13 jurisdicciones y, de acuerdo con la Ley Núm.201-2003de la Judicatura, el Poder Legal “debe (promover ) una sociedad menos litigiosa”.
Los arreglos se alcanzan, incluso, aunque menos frecuentes, en casos de asesinatoscon la admisión de la culpas por un período de prisión más complaciente.
Las penas por asesinatos en Puerto Rico son de 99 abriles, pero pueden arribar hasta los 140 abriles de prisión si concurren otros delitos como la violación a la ley de armas.
“En los casos de asesinatos no es tan frecuentes arribar a negociaciones como en el resto de los casos”, sostuvo la jueza administradora de la demarcación de Bayamón, Carmen Otero Ferreiras.
Durante una cita de periodistas dominicanos a los tribunales puertorriqueños, Otero Ferreiras explicó que los estudios han concluido que la recaída de la pena no es disuasiva del delito.
Acuerdo y culpabilidad
Sigfrido Steidel Figueroamediador del Tribunal de Apelaciones y director chupatintas de los tribunales de Puerto Ricoquien dijo que los casos se resuelven con un arreglo en el 95 por ciento de los procesosaseveró que el veterano sometimiento corresponde a controversias de vitalidad mentalórdenes de protección, conflictos entre vecinos y violencia doméstica.
Manifestó que “no todo el que llega a un acuerdo cepalle culpable“.
En ese sentido, dice que hay muchos acusados que se deciden por una comercio por lo gravoso y duro que resulta ser la judicialización.
En República Dominicana, solo el 13 por ciento de los procesos se resuelven en acuerdoslo que para el presidente de la Suprema Corte de RazónHenry Molina, que se ha referido al tema en varias ocasiones, “no es sostenible” para el Poder Legal.
El actitud dudoso del dominicanosegún Molina, es cultural. Para los boricuas lo es la comerciola cual ponen en vigencia desde hace décadas, según sus representantes.
Sin bloqueo, Sigfrido Steidel Figueroa sostiene que “la mediación no es obligatoria”, por ejemplo, en el proceso penal, es una opción de las partes.
“Que las partes puedan arribar a un acuerdo organismo ellas, sí eso puede ocurrir, pero no tenemos institucionalizado una mediación a procesos penales como tal”, indicó.
Costo y no todo se apela
Apelar una sentencia de primera instancia tiene un costo de 100 dólares y el Tribunal de Apelaciones no está obligado a revisar cualquier audacia del mediador de primer calidad que no sea la sentencia.
“El Tribunal de Apelaciones no está obligado a revisar cualquier otra audacia, resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, como las que atienden asuntos sobre el proceso de un caso pero no resuelven de forma final la controversia”, se explica en una agenda educativa del Poder Legal puertorriqueño.
Al respecto, el director chupatintas de los tribunales boricuas, dice que de 250 mil casos procesados en Primera Instanciasolamente se recurren 3,000.
Lo penales son menos
En el audiencia con periodistas dominicanos, Sigfrido Steidel Figueroa informó que la último cantidad de casos en las diferentes instancias judiciales puertorriqueñas corresponden al ámbito penal.
Lo atribuyó a algunas razones particulares, entre ellas la tolerancia a nivel estatal del consumo de cannabiscon la creación de una reglamentación que despenaliza su uso medicinal y la legitimación parcial de su consumo.
Sostuvo que todas las drogas más fuertes se siguen combatiendo y castigando.
Igualmente citó el hecho de que haya tribunales federales que persiguen y procesan los delitos federales, entre ellos el narcotráfico.
Otro de los programas que menciona van dirigidos a problemas sociales como la dependencia al pimple y de otras sustancias controladas, en los que se registre violencia.
Si el imputado acepta su culpabilidad se somete a tratamiento bajo supervisión de instituciones especialistas en vitalidad mental, “con la condición que superada alguna condición de consumo, si cumplen con las condiciones que se les impone se les archiva los cargos criminales”, indicó.
Figuero aseguró que es un software cuyos números han demostrado ser efectivos “sobre un 90 por ciento”.
Los que participan “no vuelven a reincidir“, en cuanto a otra denuncia penal “porque pueden consumir droga y no nos enteramos pero no regresan a la puerta giratoria de los tribunales con un caso penal”.
Para las personas con otras enfermedades mentalesuna ley les concede “obtener un remedio para ingresar en una institución de vitalidad mental”.
El mediador del Tribunal de Apelaciones y director chupatintas de los tribunales de Puerto Rico añadió que la Ley es la 408, con la cual una persona cercana o un usual del enfermo solicita al tribunal una orden de ingreso involuntario de quien se trate porque necesita tratamiento médico.
Indicó que el hospital le va a exigir el consentimiento de una persona adulta, por lo que se podrá solicitar al tribunal la orden porque el enfermo no está apto para lanzarse.
