Desde el Gobierno se transmite una señal, que en el papel puesta por la expansión de la educación superior: se levantan Centros Universitarios en todas las provincias, se invierte en edificios, equipos y personal, y se aprueban partidas adicionales para que funcionen. Pero, la contemporáneo diligencia de la universidad parece caminar en dirección opuesta: la docencia se virtualiza “a discreción” y la presencialidad en los centros se reduce semestre tras semestre. El resultado es paradójico: infraestructura nueva que se queda vacía, centros que se vuelven “elefantes blancos” y estudiantes que, al no encontrar secciones, se frustran y desertan. La universidad construida para encontrarnos termina convirtiéndose en un punto donde casi nadie se encuentra.

Aquí se abre un dilema de fondo. Una política pública coherente debería alinear inversión física con proposición académica, planificación docente y servicios estudiantiles. Si, en cambio, la proposición presencial se contrae —con una reducción de secciones que se percibe cercana a un 30% en lo que va de diligencia—, la señal que se envía es de desarticulación: tenemos aulas, pero no clases; matrícula, pero no trayectorias; presupuesto, pero no vida académica. La virtualidad, valiosa como complemento y utensilio de inclusión, termina usada como sustituto donde hace equivocación presencia, comunidad y cortejo.

En este punto, la comunidad universitaria corre el peligro de regularizar lo deforme: “es lo que hay”, “así gestionan ahora”, “este rector solo piensa en cuartos”. Esa repaso, que reduce a la universidad a un movimiento de costos, confunde delegación con conducción académica. La universidad no es un negocio que optimiza metros cuadrados y nóminas; es un correctamente notorio que organiza conocimiento, desarrolla ciudadanía y produce movilidad social. Cuando la razonamiento gerencial se impone sin contrapesos académicos, el campus deja de ser un espacio de formación y se vuelve un pago que “hay que recortar”.

¿Hay una intención deliberada detrás de este rumbo? Tres hipótesis merecen discusión abierta:

1) Improvisación/miopía gerencial. Se privilegia la “eficiencia” de corto plazo (virtualizar reduce costos visibles) sin evaluar costos de generoso plazo (abandono, pérdida de calidad, reputación).

2) Desalineación con la política gubernativo. Mientras el Estado impulsa presencia territorial —incluso apoyando instalaciones presenciales de universidades privadas en polos de crecimiento como Pedernales—, la universidad pública contrae su presencia. Es una contradicción que exige explicación.

3) Reconfiguración del sistema alrededor de privatización de facto. La inversión en infraestructura pública sin proposición académica sostenida abre espacio a proveedores privados que sí ocuparán el circunscripción y la demanda insatisfecha. No hace equivocación “traicionar” la UASD para desmontarla; pespunte con vaciarla de vida académica y trasladar, silenciosamente, estudiantes y prestigio a otros actores.

Sea cual sea la hipótesis correcta —o la combinación de ellas—, el propósito es el mismo: pérdida de comisión, de presencia y de confianza. Y una universidad pública sin estudiantes en sus aulas es una universidad más factible de cuestionar, recortar o sustituir.

La pregunta obligada, entonces, no es solo si existe un “plan” para desmontar la UASD, sino qué plan tenemos nosotros para impedirlo. Un plan colegial serio implica: (i) reponer proposición presencial donde hay infraestructura y demanda; (ii) usar la virtualidad como complemento decisivo —no como coartada—; (iii) transparentar cifras de matrícula, abandono y transigencia/obturación de secciones por centro; (iv) pactar con las comunidades locales una cartera de carreras pertinente; y (v) someter a indagación las decisiones que afecten la comisión universitaria.

Porque, al final, la alternativa es simple: o la virtualidad amplía la universidad, o la sustituye. Si la sustituye, no estamos innovando; estamos desmontando. Y eso, en una casa de altos estudios que pertenece al pueblo dominicano, no puede decidirse por inercia ni por conveniencia contable, sino por un compromiso claro con la educación pública, presencial y de calidad en todo el circunscripción.