Un liga de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) realiza aportes periódicos equivalentes a un porcentaje de su salario para sostener el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambioordenamiento fundada y coordinada por el flagrante rector de la institución, Rafael Féliz Garcíasegún documentación, testimonios y comprobantes bancarios a los que tuvo comunicación N Investiga.

El ITLA, único centro especializado en educación tecnológica del país, es dirigido por Féliz García desde el 17 de julio de 2024tras suceder ocupado el cargo de ministro de la Mocedad. Para el año 2025la institución administra un presupuesto que ronda los 1,200 millones de pesosdestinado a becas, expansión y funcionamiento eficaz.

De acuerdo con la salario de noviembre de 2025, la más nuevo publicada en el portal institucional,  el ITLA cuenta con 655 empleados fijoscon una masa salarial mensual superior a 25.8 millones de pesos. Solo una parte de estos servidores públicos forma parte del movimiento Jóvenes Unidos por el Cambiocuya estructura tendría aproximadamente de 300 miembros a nivel franquista.

La información recabada indica que algunos empleados del ITLAvinculados al movimiento político, transfieren mensualmente el 5 % de su salario a una cuenta bancaria asociada a dicha ordenamiento. Los pagos se realizan cada vez que se deposita la salario y no involucran a la totalidad del personal de la institución.

Durante el período navideño, el porcentaje aportado aumenta al 10 %con el argumento de financiar actividades nacionales del movimiento. Comprobantes bancarios correspondientes al año 2024 reflejan transferencias que oscilan entre 3,000 y 12,000 pesos mensualesdependiendo del salario del empleado que realiza el aporte.

Mecanismos internos y enseres laborales

Adentro del movimiento se utiliza un sistema de control interno basado en listas identificadas por colores: verde para quienes han realizado los aportes y rojo para quienes presentan deuda. Estas listas circulan entre miembros del movimiento y son utilizadas como mecanismo de seguimiento.

Empleados que deciden no realizar los aportes o que se retrasan enfrentan limitaciones internasentre ellas obstáculos para aumentos salariales, dificultades para optar por nuevas posiciones, restricciones para permisos y mayores controles administrativos, según relataron fuentes consultadas.

En febrero de 2025una de estas listas fue hallada en un baño del ITLA y fotografiada. El documento incluía 42 empleados que realizaban aportes. La imagen fue compartida en un liga de WhatsApp institucional. En el intercambio, el coordinador de Rectoría del ITLA, Ramón Winston Paulino Sánchez, quien además funge como director ejecutor del movimiento y devenga 180 mil pesos mensuales, cuestionó la difusión del documento y pidió manejar el tema de forma interna.

Entre los empleados que figuran realizando aportes hay técnicos, asistentes y secretariasasí como funcionarios de nivel medio y stopcon salarios que oscilan entre 50 mil y 190 mil pesos mensualesde acuerdo con la salario oficial del ITLA. En los listados revisados no figura el rector Rafael Féliz García.

Entorno legítimo aplicable

La Ley 41-08 de Función Pública prohíbe inducir u atañer a servidores públicos a participar en actividades políticas o establecer contribuciones valiéndose del cargo. De igual forma, la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que es ilícito imponer o aceptar deducciones salariales a empleados públicos para fines políticos, aun cuando se presenten como aportes voluntarios.

La Constitución dominicana condena el uso de funciones públicas para obtener ventajas económicas o políticas particulares.

Respuesta institucional

Este medio solicitó una entrevista con el rector del ITLA. A través de un intermediario se indicó que los aportes eran de carácter silvestre y destinados a actividades sociales. Sin retención, no se ofreció una información directa ni se concedió la entrevista solicitada.

Después, la cuenta de Instagram del movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio pasó de pública a privada.

El caso plantea interrogantes sobre el uso de estructuras públicas y la billete política de servidores del Estado, aspectos que corresponden ser evaluados por los órganos competentes.