La fiscal del Distrito Franquista, Rosalba Ramos, enfatizó hoy que la protección del medio bullicio se ha convertido en una obligación de cumplimiento penal directo para el sector empresarial dominicano.

Advirtió a las empresas que el daño ambiental ya no se limitará a sanciones administrativas, sino que acarreará procesos penales directos, multas millonarias, la suspensión de operaciones e incluso la clausura definitiva de la compañía.

La fiscal habló en esos términos durante el desayuno-conferencia “Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial delante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano”, organizado por la Red Franquista de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).

La fiscal Ramos sentenció que ya no puntada con el cumplimiento chupatintas, sino que la dimensión penal es ahora central en la diligencia corporativa.

Explicó que este nuevo situación legítimo coexiste con la Ley 64-00 de Medio Animación y Medios Naturales, la cual establece el principio de que “quien contamina paga”.

Señaló delitos específicos como la contaminación de agua, tonada y suelos, el desperdicios de sustancias tóxicas, la tala ilegal, el daño a áreas protegidas y el fraude en licencias.

Ramos instó al patronal a dejar la visión de que el medio bullicio es un problema exclusivo del Estado, subrayando que la responsabilidad ambiental debe ser parte intrínseca de la encargo corporativa:

“Prevención de riesgos, manejo adecuado de residuos, control de emisiones, uso responsable del agua y del suelo, así como reparación o indemnización frente a cualquier daño causado”.

Sanciones

Ramos destacó que la Ley 74-25 moderniza el Código Penal y refuerza el situación de legitimación para conductas que afectan el entorno, coexistiendo con la Ley 64-00 Genérico de Medio Animación.

“El patrón debe entender que la responsabilidad ya no es solo administrativa o administrativa ambiental, sino penal,” subrayó la fiscal.

La magistrada señaló que la implementación de programas formales de cumplimiento penal ambiental (compliance) es indispensable para dominar riesgos y, en caso de infracción, atenuar la responsabilidad.

En este contexto, la figura del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) se convierte en un actor trascendental para diseñar e implementar sistemas de cumplimiento ambiental, monitorear riesgos legales y operativos, y representar como enlace con las autoridades reguladoras.

Condición de Supervivencia Competitiva

La magistrada instó al sector empresarial a transformarse: “El cumplimiento legítimo es el suelo, la creación de valía sostenible es alrededor de dónde debe orientar sus acciones.”

En conclusión, la fiscal advirtió que la ajuste a este nuevo régimen no es un “fastuosidad regulatorio”, sino una condición de supervivencia competitiva en un mercado que premia cada vez más las prácticas alineadas con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y la sostenibilidad auténtico.