SANTO DOMINGO.- El Empleo Sabido solicitó al tribunal que los exministros Donald Militar, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes sean enviados a causa por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección Genérico de Persecución del Empleo Sabido, reiteró que las pruebas son contundentes, al objetar preguntas de la prensa sobre el proceso cuya audiencia preliminar se conoce en el Cuarto Chancillería de la Instrucción del Distrito Doméstico.

“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder probar la privación de que este proceso se envíe a causa”, señaló.

Detalló que este viernes el Empleo Sabido concluyó sus réplicas en este proceso.

“Hemos solicitado al tribunal en la réplica el despachar el proceso a causa, despachar a todos los acusados a causa, que es lo que procede conforme a lo que ha presentado el Empleo Sabido”, explicó Camacho, quien dijo que todavía pidieron rehusar los incidentes que han presentado todas las defensas y acoger las pruebas del Empleo Sabido.

“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto en el interior del tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han acotado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no”, indicó.

Refirió que las defensas nunca responden los hechos en el tribunal. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a despabilarse fondos, que se creó un empleo para la recibimiento de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Aspecto. No hablan del caudal que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que fertilizar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.

En ese mismo orden, dijo: “no hablan de la rasgo de casino en la que todavía se estableció un sistema de soborno que se llamaba El Software o El Esquema”.

Wilson Camacho añadió “esos son hechos, esas son razones para que este tribunal eleve este proceso a causa. Los tribunales no fallan en cojín a las opiniones, fallan en cojín a los hechos que se presentan y a las pruebas que se presentan con relación a esos hechos”.

Especificó que “Bolívar Ventura dice que pagó más de 1,200 millones de pesos, que tuvo que entregar más de 1,200 millones de pesos: es testificador”.

Detalló que todas las personas que fueron utilizadas por el Empleo de Defensa para poner en funcionamiento el plan o software por el que se distribuía soborno de los juegos de azar, son testigos en el proceso. “Toda la documentación de los procesos de suscripción son testigos en el proceso”, dijo.

El procurador adjunto Wilson Camacho adyacente a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo litigante que representa al Empleo Sabido en la audiencia, el cual todavía lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.

Durante audiencia, en la que el víscera acusador presentó sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa, Ortiz solicitó al tribunal decretar la transigencia a causa de cada uno de los imputados que han sido señalados por el Empleo Sabido en el expediente acusatorio.

De igual modo, que se mantenga la calificación jurídica que ha sido indicada por el víscera acusador. “Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes”, dijo Ortiz.

La audiencia, que por cuestiones de espacio se debate en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, presidenta del Cuarto Chancillería de Instrucción del Distrito Doméstico.

El proceso legal

Los acusados, quienes fueron apresados durante la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Por otra parte de los exministros de Hacienda y Obras Públicas Donald Militar Oritz y Gonzalo Castillo, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa figuran José Ramón Peralta, exministro oficinista de la Presidencia.

Todavía, Daniel Omar Caamaño, excontralor caudillo de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Doméstico. Asimismo, Óscar Chalas Militar y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.