El Pregonero, Santo Domingo.- El Empleo Notorio presentó incriminación penal en contra de miembros de una tribu de la provincia La Altagracia que se dedicaban al secuestro, a molestar, sobornar y duchar activos.

Los imputados, Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta  (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, formaron una red criminal para el secuestro, tortura y perjuicio de sus víctimas.

La red fue enfrentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Mecanismo Antisecuestro de la Dirección Universal de Persecución del Empleo Notorio.

Los imputados, simulando ser agentes de la Dirección Franquista de Control de Drogas (DNCD), secuestraron a una persona de 47 primaveras de momento en la comunidad La Otra Facción, de Higüey, provincia La Altagracia.

Portando indumentarias y armas largas, los malhechores raptaron a la víctima, a quien se llevaron presuntamente arrestado y lo trasladaron a un sitio escondido, en la carretera de Miches, donde lo retuvieron cuatro días, torturándolo y solicitando a sus familiares 20 millones de pesos a cambio de su rescate.

La investigación realizada por el víscera persecutor pudo determinar, que los imputados, con lo obtenido del secuestro, adquirieron vehículos de adhesión variedad, prendas de detención valencia financiero y manejaban altas sumas de monises, con el cual, permitió que la imputada Ruth Delanea Severino Santana, superiora de los cabecillas de la red, intentara sobornar a miembros de la Policía Franquista.

Severino Santana fue arrestada en evidente delito por miembros de la Mecanismo Antisecuestro de la Policía Franquista, cuando entregaba en una tiempo de combustible de San Pedro de Macorís, la suma de RD$400,000, con el propósito de no dejar rastros del sometimiento de su tribu.

La incriminación penal cumple perfectamente con los requisitos para obtener una sentencia condenatoria en este caso, explicaron la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Claudia Apuesto, fiscal de La Altagracia.

Indicaron que la incriminación se fundamento en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la legislatura procesal penal dominicana, fundamentadas en sujeción de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes que acreditan la autoría y la décimo de los imputados.

“La investigación fue realizada con rigor técnico y respeto a las garantías procesales, lo que otorga plena validez probatoria a los instrumentos presentados frente a el tribunal”, indicó Ramona Nova, quien resaltó el compromiso institucional del Empleo Notorio de desavenir el crimen organizado.

De su banda, los fiscales de investigación, Claudio Cordero y Surielly Marcial resaltaron las pruebas, la concordancia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes sobre la décimo conjunta de los implicados.

El Empleo Notorio está a la paciencia de la fijación de la audiencia preliminar por parte del Auditoría de la Instrucción del Distrito Legal de La Altagracia.

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