EL AUTOR es un exadministrador del Mesa de Reservas. exministro de Hacienda de la República Dominicana y contemporáneo miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Reside en Santo Domingo

Por Daniel Toribio

Cuando se dice que el empleo formal está creciendo en República Dominicana, suena a buena comunicación. Implica más personas con estabilidad sindical, seguro de lozanía y pensiones. El problema es que esa afirmación descansa en dos formas distintas de contar la formalidad, y las cuentas no cuadran. Si no resolvemos esa brecha, seguiremos celebrando avances que no se reflejan en aportes reales al sistema.

La Sondeo Franquista Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) reporta que en septiembre de 2025 había 2,336,087 ocupados formales. Esa clasificación se construye a partir de lo que declara el entrevistado, en particular si afirma tener entrada a seguridad social. Es una medición útil para entender percepciones y características del empleo, pero tiene un final: no verifica el cumplimiento.

En el otro flanco están los registros administrativos vinculados a la seguridad social, difundidos en estadísticas del sistema. Para ese mismo mes, se reportan 2,255,383 cotizantes efectivos. La diferencia es de 80,704 trabajadores: aparecen como formales en la investigación, pero no figuran aportando. Esa distancia no es un detalle técnico. Es una señal de formalidad llamativo.

El costo de esa formalidad llamativo lo paga el trabajador. Si no hay cotización, no hay parquedad previsional acumulado, la cobertura se vuelve frágil y, en presencia de un despido o una enfermedad, la “formalidad” no se traduce en derechos exigibles. Igualmente se distorsiona la competencia: el empleador que cumple carga con costos que el evasor evita, y eso castiga al que hace las cosas correctamente.

Hay varias explicaciones posibles. Parte de los encuestados puede confundir afiliación con cotización. Otros pueden tener vínculos laborales intermitentes o esquemas de plazo que no se traducen en aportes regulares. Y igualmente existe esparcimiento, subdeclaración y rotación que deja al trabajador sin cobertura actual, aunque se considere “formal”. No se alcahuetería de descalificar la ENCFT ni de idealizar el registro chupatintas. Se alcahuetería de aceptar que hoy contamos dos historias distintas del mismo mercado sindical.

¿Por qué importa? Porque la política pública se diseña con números. Si el Gobierno cree que la formalidad avanza más de lo que indican los aportes, subestima el tamaño de la informalidad efectiva y sobrestima la saco contributiva que sostiene pensiones y lozanía. Eso distorsiona incentivos, debilita la fiscalización y retrasa decisiones difíciles.

La decisión es concreta: integrar y conciliar datos. ENCFT, TSS, SIPEN, Ocupación de Trabajo, DGII y ONE deben anunciar un tablero único con definiciones comunes y tres cifras explícitas: formalidad declarada, formalidad contributiva y brecha. Transparencia, trazabilidad y metas medibles por sector.

Hasta que no contemos correctamente, no podremos corregir correctamente. Y sin esa cuenta clara, el empleo formal seguirá siendo más promesa estadística que protección efectiva.