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El Empleo Divulgado afirmó que la jueza Veloz fatima no valoró el daño causado con la tragedia del Set de chorro y que ni siquiera tomó en cuenta la intimidación al principal declarante a cargo, por lo que solicita a la Corte de Apelación que revoque la medida de coerción y que imponga prisión preventiva al directivo militar Antonio Espaillat Y arresto domiciliario para su hermana Maribel Espaillatquien fuera su administradora.
El víscera persecutor establece en su apelación de apelación que la audacia de Fátima Veloz fue recurrida correcto a que la jueza no tomó en cuenta la intimidación a un declarante y violentó el principio de proporcionalidad respecto a la magnitud de las imputaciones.
La Dirección Militar de Persecución del Empleo Divulgado y la Fiscalía del Distrito Franquista depositaron un apelación de apelación contra la audacia de la magistrada que dejó en sinceridad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club el 8 de abril que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas.
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Al presentar el apelación frente a la Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista, el fiscal Emmanuel Ramírez, adscrito a la Dirección Militar de Persecución, expresó que, tal como adelantó el procurador adjunto Wilson Camacho, los investigadores del caso rechazan la medida impuesta por la jueza Fátima Veloz por no ser proporcional a los hechos imputados y por obviar que el sistema de razón debe evitar que los procesados intimiden a testigos del caso.
“Solicitamos, como en la solicitud original, prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por ser las medidas de coerción idóneas para el término de la investigación”, explicó Ramírez.
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Luego del depósito del apelación, Emmanuel Ramírez explicó que ahora corresponde a la Corte de Apelación del Distrito Franquista fijar la sala que conocerá el apelación del Empleo Divulgado y de los cientos de querellantes que además rechazan la audacia legislativo.
Sobre el proceso
La medida de coerción apelada fue emitida por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Procesal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista, durante una audiencia celebrada el pasado 18 de junio, que se extendió por cerca de de 14 horas.
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En su audacia respecto al caso ocurrido el pasado 8 de abril y que enlutó a cientos de familias y llenó de tristeza a todo el pueblo dominicano, la jueza impuso a los imputados una seguro económica, presentación periódica e impedimento de salida del paísen un proceso que fue concreto enredado.
El procurador adjunto Wilson Camacho calificó dicha audacia como “una estafa a las víctimas”al señalar que el tribunal no valoró adecuadamente la magnitud del daño causado a la sociedad dominicana y a las familias de las víctimas.
“Estamos hablando de 235 personas que murieron, más de 180 heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos, como consecuencia de una conducta motivada por el interés crematístico por encima de la seguridad de las personas”, expresó Camacho, quien encabezó el equipo litigante contiguo a los fiscales Rosalba Ramos, Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
El Empleo Divulgado presentó para la coerción más de 130 utensilios de prueba para sustentar su solicitud de medidas de coerción más severas.
La investigación estableció que los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del almacén con equipos de climatización de gran bombeo y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistor de la estructura. Adicionalmente, ignoraron advertencias internas sobre el maltrato del techo.
