Documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados revelan que en el Fondo Singular para el Avance Agropecuario (FEDA) estaría operando un esquema de clientelismo político que incluye aportes económicos obligatorios, amenazas laborales, suspensiones sin salario y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político denominado La Maquinaria del Cambio.

Estas irregularidades fueron denunciadas en el software de investigación N Investigadonde se presentaron documentos, audios y testimonios de empleados del FEDA en distintas provincias del país, quienes aseguran que se les exige pertenecer al movimiento político y realizar aportes mensuales calculados en función de su salario, bajo advertencia de amonestaciones, suspensiones e incluso cancelaciones.

Un documento interno del movimiento detalla una tabla de contribuciones que va desde 3.000 pesos para quienes devengan hasta 20,000 pesos mensuales, hasta 20.000 pesos para salarios más altos. Estos fondos no se canalizan a través de cuentas institucionales, sino a cuentas bancarias personales de miembros de la directiva del movimiento.

Adicionalmente, la colecta estaría a cargo de un empleado del propio FEDAcon golpe directo a la estructura administrativa de la institución, lo que refuerza las denuncias sobre el uso del cargo sabido con fines políticos.

Presión, sanciones y órdenes internas

Los cobros se realizaban tanto de forma presencial como mediante grupos de WhatsAppbajo el rótulo de “motivación”. Sin bloqueo, los empleados aseguran que negarse a sufragar tenía consecuencias inmediatas.

Conversaciones internas a las que se tuvo golpe muestran respuestas atribuidas al director del FEDAordenando a Capital Humanos amonestar o suprimir a quienes cuestionaran el plazo de boletas o aportes, evidenciando que no se trataba de contribuciones voluntarias.

Varios empleados relataron suceder sido suspendidos sin disfrute de salarionotificados exclusivamente por mensajes y sin tomar ningún documento formal que explicara la condena, quedando privados de su sustento financiero.

Rifas, fiestas y beneficios políticos

A las cuotas mensuales se suma un segundo mecanismo de colectapresentado como actividades sociales bajo el nombre “Monta a tu regidor”. Según los testimonios, los empleados eran obligados a traicionar boletas para financiar la negocio de vehículos a regidores o aspirantes, algunos sin cargos electivos pero vinculados a la institución.

Durante estas actividades se proyectaban videos y se exhibían públicamente los vehículos adquiridos con pasta aportado por servidores públicos. Quienes no lograban traicionar las boletas debían cubrir el monto de su propio faltriquera o enemistar sanciones laborales.

Situación legítimo y dimensión institucional

La Ley de Función Pública prohíbe que funcionarios utilicen su cargo para imponer aportes económicos a empleados bajo su dirección, mientras que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que ningún servidor sabido puede ser obligado a financiar estructuras políticas, aun cuando estos cobros se presenten como voluntarios.

Los hechos denunciados no ocurren en un comité político ni en una estructura privada, sino en el interior de una institución pública adscrita a la Presidencia de la Repúblicafinanciada con posibles del Estado y creada para apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Historial bajo cuestionamiento

El FEDA, creado en 1972 y dirigido desde octubre de 2021 por Hecmilio Galványa había sido objeto de cuestionamientos públicos. En septiembre de 2023 se documentaron irregularidades en la entrega de pollitas ponedorascon recibos de descargo sin especificar cantidades y discrepancias entre lo reportado y lo recibido por beneficiarios.

A esto se sumaron señalamientos por conflictos de interés en la negocio de gallinas a un proveedor con vínculos gremiales con la dirección del FEDA, a precios que triplicaban los del mercado.

Las nuevas denuncias colocan ahora al FEDA bajo un foco aún más crítico, al vincular presuntas irregularidades administrativas con prácticas de clientelismo político interno que afectarían directamente a empleados públicos.