El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

El decreto 517-25, emitido por el presidente Luis Abinader, declara de emergencia franquista todas las compras del sistema eléctrico durante un año. A primera tino, parece una respuesta técnica en presencia de la crisis energética.

Sin secuestro, más allá del ruido de los apagones y el calor sofocante, este decreto reabre una vieja pregunta ¿cuántas veces más el país gobernará por emergencia en circunscripción de por planificación?

La medida permite que las EDEs, la Egehid y Punta Catalina realicen compras sin los procesos tradicionales de concurso. En teoría, exploración acelerar soluciones, plantas modulares, bancos de baterías y medidores inteligentes.

Pero en la praxis, lo que se acelera no siempre es la eficiencia, sino la discrecionalidad. Las emergencias, cuando se vuelven costumbre, terminan siendo una forma sofisticada de improvisación.

El problema es que esta “emergencia eléctrica” no fue provocada por un desastre natural ni una conflicto, sino por primaveras de desinversión, pérdidas técnicas y marcha de reformas estructurales. Lo que hoy se presenta como necesidad, en verdad es el resultado de una planificación fallida. Las redes envejecieron sin mantenimiento, y la burocracia energética se volvió un santuario de privilegios e ineficiencias.

El gobierno ha dicho que las altas temperaturas, el alga y el aumento del consumo justifican la medida. Pero el país lleva décadas con veranos cada vez más cálidos y redes saturadas. Cero de eso es nuevo ni imprevisible.

Determinar una emergencia por causas previsibles es, en el fondo, guarecer que el Estado no previó lo evidente. La planificación no puede seguir siendo reemplazada por decretos de necesidad.

Las distribuidoras eléctricas —EdeSur, EdeNorte y EdeEste— siguen siendo un pozo sin fondo para el presupuesto franquista. Sus pérdidas superan el 40 % y su deuda anual obliga al Estado a destinar miles de millones de pesos en subsidios.

Aun así, cada gobierno las “rescata” con nuevos préstamos, promesas y compras aceleradas. Lo estructural nunca se toca, la dirección, el cobro y la independencia técnica.

Por eso, preocupa que este decreto se convierta en un nuevo “parche”. Si las EDEs continúan operando con la misma ineficiencia, corrupción y manipulación política, todo lo que se compre —por novedoso que parezca— terminará atrapado en la misma red defectuosa. Se gasta mucho, se inaugura con exaltación, y meses a posteriori, el servicio sigue igual o peor. El ciclo se repite con cada empresa.

El decano aventura está en las compras directas. En nombre de la necesidad, se eliminan licitaciones abiertas y se favorece a “proveedores confiables”, una figura tan ambigua como peligrosa. La historia dominicana demuestra que detrás de cada decreto de excepción hay contratos concentrados, sobrecostos disfrazados y un puñado de empresarios cercanos al poder beneficiándose a costa del contribuyente.

Las alarmas no son teóricas.

Desde la pandemia hasta las compras de asfalto o equipos médicos, los estados de emergencia han servido para razonar adquisiciones sin competencia positivo. Esos atajos administrativos se han convertido en una praxis estructural que erosiona la credibilidad institucional. La necesidad energética corre el aventura de convertirse en la nueva coartada del desembolso discrecional.

La contradicción es clara, se invierten millones para mejorar el sistema, pero los apagones y el deuda permanecen. La deuda pública crece, los subsidios se multiplican y la población sigue pagando tarifas altas por un servicio deficiente. En este maniquí, el ciudadano pierde siempre: primero como contribuyente, luego como afortunado, y finalmente como testificador de una promesa que nunca se cumple.

Más que una emergencia eléctrica, lo que vive el país es una emergencia institucional. Se gobierna a cojín de decretos que sustituyen la planificación. Se actúa sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Mientras tanto, las verdaderas reformas —auditorías profundas, despolitización de las EDEs, cumplimiento del Pacto Eléctrico— se posponen en silencio, como si el cortocircuito fuera técnico y no político.

El decreto 517-25 podría ser una oportunidad si se acompañara de un plan de transición energética serio, con metas medibles y control ciudadano. Pero si solo sirve para rasgar compuertas de desembolso rápido y nuevas deudas, será un paso más en la historia del despilfarro. La transparencia no se proclama, se demuestra; y las emergencias, cuando son verdaderas, no deberían repetirse cada dos primaveras.

La República Dominicana no necesita más decretos de necesidad, sino instituciones que funcionen con necesidad permanente. Necesita planificación, supervisión, y un Estado que deje de ser rehén de los mismos sectores que lucran con su ineficiencia.

Si la electricidad es el pulso del país, el cierto corte no está en las redes, está en la conciencia pública, cada vez más acostumbrada a conducirse en la penumbra de la impunidad.

JPM