Una sentencia del Tribunal Superior Funcionario (TSA) ordenó el reintegro inmediato de un estudiante pequeño de años que fue expulsado de modo arbitraria por un centro educativo privado en el municipio de Las Terrenas de esta provincia, bajo alegatos de conducta irrespetuosa.

La audacia del tribunal todavía dispone la reposición de todas las horas de clase que el nene perdió, y establece que dicho proceso debe realizarse bajo la supervisión del Servicio de Educación (MINERD) y el Consejo Franquista para la Albor y la Adolescencia (CONANI), como fianza adicional de que no se vulneren nuevamente los derechos del pequeño.

La audacia fue adoptada mediante la Sentencia No. 0030-02-2025-SSEN-00380, de vencimiento 10 del mes de junio del 2025, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Funcionario, de competencia doméstico, en control de sus facultades constitucionales de protección a los Derechos Fundamentales, dictada contra la Escuela Internacional Francesa de Las Terrenas y su director Christophe Imard.

Un aspecto importante en el proceso fue la décimo del Defensor del Pueblo, quien fue representada por el primer suplente y encargado de Proceso Decisivo, Roberto Quiroz y el abogado Miguel Tapia. La entidad, constitucionalmente citación a defender los derechos fundamentales de la colectividad, intervino aportando consideraciones relevantes sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y su intervención fue valorada por el tribunal en el contexto del estudio legal del caso.

La defensa técnica del pequeño de años estuvo a cargo de la abogada Licda. Fabiery Mercedes Morel, quien asumió el caso como perturbador social enfocada en el ataque a la imparcialidad para las poblaciones más vulnerables. Según explicó, “esta sentencia representa un paso importante en la lucha contra las prácticas arbitrarias en centros educativos y en la afirmación del interés superior del nene como principio rector de toda representación pública o privada que le afecte”.

El proceso de defensa del nene inició en febrero de este año, con una errónea declinatoria del tribunal natural en Samaná, lo que obligó a aceptar el caso delante una comarca doméstico, el Tribunal Superior Funcionario (TSA) quien asumió la competencia en virtud del remesa obligatorio recibido, y el falló a privanza del pequeño.

“La audacia no solo restituye un derecho individual, sino que envía un mensaje elocuente a los centros educativos del país: los derechos fundamentales de la preliminares no pueden ser pisoteados por normas internas o decisiones unilaterales. Esta sentencia es todavía un llamado a la movimiento para las instituciones estatales encargadas de proteger esos derechos”, agregó la jurista.

La sentencia ha sido valorada como un precedente de gran importancia jurídica y social, que podría tener implicaciones en futuras actuaciones judiciales y administrativas donde estén en movilidad derechos de niños, niñas y adolescentes.