El Tarea Notorio concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados en la Operación Lobo por el plazo de sobornos en detrimento de los fondos de instituciones públicas.

“Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Ecuanimidad”, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la confusión del lunes, al salir de la audiencia.

Mirna Ortiz agregó: “Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, se nos ha criticado, de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Ecuanimidad”.

Ortiz formó parte del equipo de fiscales que representó al Tarea Notorio en la audiencia y que estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección Militar de Persecución del víscera acusador.

El Tarea Notorio solicitó al sentenciador Rigoberto Sena, de la Oficina Legislativo de Servicios de Atención Permanente del Distrito Doméstico, la imposición de prisión preventiva para los imputados en la Operación Lobo, en virtud de la reserva de los hechos que cometieron, así como la declaratoria del caso como complicado.

Por otra parte de Camacho y Ortiz, integraron el equipo litigante los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

Por lo reformista de la hora, el sentenciador Sena recesó la audiencia para continuar este martes 15 de julio, a las 2:00 de la tarde.

La Operación Lobo fue puesta en marcha esta semana como parte de las acciones del Tarea Notorio contra la corrupción y la impunidad. La investigación enfrenta una red integrada por militares y civiles que utilizaban esquemas de sobornos para conseguir y sostener contratos con instituciones públicas, principalmente en el ámbito de seguridad privada.

Entre los imputados figuran el anciano normal retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Papada, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Doméstico Ramón Quezada Ortiz; el patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Doméstico de Salubridad (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. Todavía se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en saco a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.