La política, ¿al servicio del perfectamente popular o de intereses privados?

Durante décadas, América Latina ha gastado caer a presidentes, exmandatarios y jefes de Estado bajo acusaciones de corrupción, lavado de mosca y violaciones de derechos humanos. En la República Dominicana incluso se registran denuncias recurrentes contra funcionarios poderosos. Frente a esta ingenuidad, surge una pregunta urgente: ¿vale la pena que personas íntegras entren a la vida política con disposición de servicio colectivo, liderazgo transformador y compromiso demócrata?

La política, concebida como servicio al perfectamente popular, se ha gastado muchas veces distorsionada por intereses privados, clientelismos y corrupción. Casos como los de Alberto Fujimori, condenado en Perú por desmán de poder, violaciones a los derechos humanos, masacres y corrupción, o los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, los dos condenados por casos de financiamiento ilícito ligados a Odebrecht, han expuesto cuan permeables son las instituciones a la corrupción.

En Guatemala, Otto Pérez Molina renunció tras un escándalo de corrupción llamado “La Rasgo”, fue detenido y procesado, evidenciando que el desfalco institucional puede alcanzar hasta los niveles más altos del Poder Ejecutor. En El Salvador, Antonio Saco fue condenado por malversar cientos de millones de dólares públicos, mientras Mauricio Funes es perceptible de lucro ilícito viviendo en el destierro. Rafael Correa en Ecuador fue condenado en desaparición por dirigir una red de sobornos. Álvaro Uribe en Colombia ha sido recientemente condenado por cohecho pasivo y desmán de proceso. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción relacionada con obras públicas. Y Ricardo Martinelli en Panamá, incluso enfrentó condenas vinculadas a lavado de mosca.

Estos casos tienen en popular no sólo los delitos, sino el uso del servicio sabido como medio para utilidad personal o para consolidar redes de poder. Funcionarios que penetran instituciones, manipulan presupuestos, desvían fondos públicos en torno a intereses privados, y sujetan la probidad a intereses políticos, dejan como saldo institucional la desconfianza, la impunidad y el avería del tejido social.

En la República Dominicana, aunque no se hayan verificado al día de hoy condenas presidenciales por crímenes graves de lesa humanidad en los estándares internacionales comparables, ni por corrupción, más allá de la persecución política contra Salvador Jorge Blanco y otros, descargados seguidamente, sí existen numerosas investigaciones, acusaciones y cuestionamientos sobre lucro ilícito, compras estatales sin transparencia y debilidades en los sistemas de fiscalización. Esto configura un caldo de cultivo para que los incentivos del servicio sabido se desvíen en torno a lo personal.

La política como disposición de servicio

A pesar de ese panorama que parece tan sombrío e incremental, hay un contrapunto: quienes aún creen en la política como disposición de servicio lo hacen con la convicción de que es posible transformarla desde adentro. En este sentido, la integridad, el liderazgo transformador y la visión institucional y democrática se vuelven imperativos. No baste con que la ley exista: se requiere que los mecanismos institucionales funcionen, que el Empleo Sabido actúe con independencia, siempre respetando los principios y las garantías procesales, de modo particular el postulado de objetividad; que los tribunales investiguen sin sesgo; y que la ciudadanía esté alerta, ejerza su opinión pública con criterio y responsabilice a sus gobernantes.

Ortega y Gasset, en La insurrección de las masasdefinía a la opinión pública como esa fuerza vitalista que emerge cuando la masa ciudadana participa activamente en los asuntos públicos. Para él, no es suficiente que haya multitud. Habermas, por su parte, concibe la ciudadanía activa como un ambiente indispensable para la vida democrática y para la legalidad del poder político.

En su teoría de la batalla comunicativa y en sus obras sobre democracia deliberativa, plantea que los ciudadanos no deben ser meros receptores de decisiones, sino actores críticos y participativos en el espacio sabido.

De ahí que lo esencial es que exista discernimiento, exigencia ética, y que la sociedad no delegue todo, sino que vigile, critique, premie la honestidad, rechace la corrupción y participe activamente.

¿Vale la pena, entonces, que una persona íntegra se arriesgue a entrar al servicio sabido en Latinoamérica o en la República Dominicana? Sí, vale la pena, porque la alternativa es que los peores tomen el espacio y definan las reglas -las instituciones, los fortuna, la voz pública- conforme a sus intereses. Pero la tarea no será obediente, se requiere liderazgo ético, instituciones robustas, probidad independiente, y una ciudadanía que no mire en torno a otro costado.

El servicio sabido debe retornar a ser gastado como un honor, no como una trampa. Cuando los íntegros toman la intrepidez de servir con visión transformadora, democrática y reto, toda la sociedad se beneficia.