EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

La Ley 87-01, que dio origen al sistema dominicano de seguridad social, no fue pensada para proteger al pueblo. Fue concebida para proteger un maniquí corporativo, financiero y excluyente que convierte los derechos fundamentales —como la lozanía y la pensión— en mercancía. Y si acertadamente muchos actores tratan hoy de aminorar el problema a una crisis técnica o de sostenibilidad financiera, el fondo es otro: lo que está en crisis no es el presupuesto, es la rectitud, la imparcialidad y la moralidad del maniquí en sí mismo.

Desde la proclamación de la Constitución del 2010, la República Dominicana asumió, al menos en papel, el compromiso de transformarse en un Estado Social y Demócrata de Derecho. Eso implica que los derechos sociales no son favores, subsidios ni concesiones electoreras, sino garantías exigibles, sin discriminación y sin condiciones.

Sin incautación, la Ley 87-01 nones fue ajustada a ese nuevo pacto constitucional. Sigue siendo una estructura importada, construida para dividir al pueblo entre “formales” e “informales”, entre asegurados y desprotegidos, entre ciudadanos y mercancía.

Y lo más solemne: sigue premiando a los intermediarios —ARS y AFP— que han hecho de la lozanía y la pensión un negocio multimillonario.

La ley 87-01 no fue fruto de la ignorancia, sino de la conveniencia. Fue una copia de modelos de países donde la desigualdad es vergonzosa. No se pensó para avalar lozanía de calidad ni pensiones dignas. Se diseñó para enriquecer aún más a los que siempre han controlado el sistema financiero y político. Y lo lograron. Convirtieron el dolor del pueblo en fuente de haber. Convirtieron el derecho en privilegio. Convirtieron el Estado en cómplice.

Senasa

Hoy, con competición razón, se denuncia el descalabro de SENASA. La ‘carnetización’ masiva de millones de personas sin evaluación judicial ni respaldo financiero no fue un acto de imparcialidad social, fue una faena electoral.

Una manipulación de la pobreza que sacrifica la sostenibilidad del sistema para percibir aplausos momentáneos. Pero no nos confundamos: el problema no nació con el gobierno coetáneo. El maniquí es remoto, estructural y multipartidista. Lo parió el PLD y el PRD, lo profundizó el PRM, y la Fuerza del Pueblo no es la excepción: es una continuación maquillada del mismo remoto sistema.

Sus miembros, aunque no hayan gobernado como partido, son los mismos actores, con iguales o peores prácticas, que montaron este sistema atroz e inhumano desde sus orígenes. No representan renovación alguna, sino reciclaje de lo peor del pasado.

No es casualidad el descrédito mediático y político creciente contra SENASA. Lo que está en marcha es el mismo guión perseverante al sistema eléctrico: desprestigiar lo notorio para alegar su privatización. Ya lo hicieron con las empresas eléctricas, que hoy son un monopolio disfrazado donde el pueblo ha subsidiado más de 30 mil millones de dólares sin tomar mejoras sustanciales.

Ahora quieren hacer lo mismo con la lozanía: crear la crisis, dramatizarla, intervenirla y luego traspasarla al gran haber privado. Lo que buscan no es excluir el sistema: es convertir en mercancía lo postrer que queda como servicio notorio en manos del Estado. Quieren cerrar el ciclo del saqueo y avalar que además las próximas generaciones nazcan deudoras, enfermas y sin derechos.

El Frente Cívico y Social (FCS) rechaza todo intento de demarcar el debate al plano financiero. La lozanía no se resuelve con inyecciones de fondos, ni la dignidad se operación con subsidios. Esto no se arregla con ajustes: se arregla con imparcialidad.

Por eso, desautorizamos además a quienes, desde sectores “opositores”, reducen la crisis a una discusión técnica, evadiendo el fondo inconstitucional del problema. No se negociación de mejorar lo que está mal. Se negociación de reemplazar lo que es íntegro y legalmente inaceptable.

Frente a este colapso anunciado, el FCS plantea la única salida posible: el desmonte total del sistema de intermediación privada (ARS y AFP), la creación de una única institución pública, autónoma y soberana que administre el sistema de lozanía y pensiones del país con control ciudadano y rigor constitucional, la fusión de los regímenes contributivo y subsidiado, la atención primaria como eje de lozanía pública, y una nueva ley ajustada a la Constitución del 2010 y los principios de equidad y dignidad humana.

El maniquí propuesto no es utopía. Funciona ya en países como España, donde la lozanía pública es gratuita, universal y financiada por impuestos; Singapur, donde un fondo soberano estatal gestiona con eficiencia y sin interés la lozanía y las pensiones; y Noruega, Canadá, Suecia, donde el Estado cumple su función social sin intermediarios privados que negocien con el sufrimiento humano.

No nos engañemos: la única modo verdadero de desmontar este maniquí es que el pueblo, por la vía constitucional, unifique sus fuerzas a través de candidaturas independientes auténticas. Que tome el poder político en sus manos y lo use para desmontar este régimen de reserva y rebelar uno de imparcialidad social.

Desde el Frente Cívico y Social no buscamos cargos: buscamos imparcialidad. No aspiramos a gobernar el remoto sistema: aspiramos a enterrarlo. No queremos arreglar lo que nació mal: queremos fundar lo que nunca ha existido.

Porque sin lozanía, no hay vida. Sin imparcialidad social, no hay estado. Y sin dignidad, no hay futuro.  Despierta, RD!

Jpm-am