La confrontación entre las prestadoras de vigor y sus «protegidos» es desigual porque las reglas del serie del Sistema de Seguridad Social -que debieron ser reformadas hace tiempo para imprimirles equidad y suprimir imperfecciones- sobreprotegen a las aseguradoras y proveedores de protección, entes de irreductibles, exitosos y protegido lucros. Y si se pregunta ¿quién podrá defender a los afiliados? la respuesta institucional es la DIDA (Dirección de Defensa de los Asegurados) entidad que en sí misma no tiene quién le tirada las castañas del fuego. Se confiesa en la pobreza por lo irrisorio del presupuesto mensual que recibe del Estado para hacer las veces de policía si macanas ni pistolas para pelear con las ARS, las clínicas, hospitales, centros de diagnósticos y médicos (tremendos evasores fiscales) que no dan ni dicen dónde hay.

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La DIDA, el chapulín de estragados clientes de las prestadoras, confiesa públicamente que sobrevive a la buena de Jehová sin el respaldo para ejercitar funciones de quienes la crearon. De esa DIDA se recibe una verdad de a puños: la mayoría de la denuncias de los afiliados de la seguridad (o huérfanos virtuales) llenan sus manos de evidencias de malas prácticas de las prestadoras de vigor y de los médicos: miles y miles en la primera medio del año. La entidad está al chillido con la chubasco de quejas por malos procedimientos, cobros indebidos, error de cobertura, retención de pacientes, fallecido y documentos. Desde enero al recién pasado junio tuvo que hacer gestiones por más de 1,500 urgencias por vulneraciones de derechos a la vigor que a veces comprometían la vida. Miles de personas que se creían protegidas por el Seguro Franco de Salubridad corrieron apuradas con destino a la DIDA que a duras penas pudo acelerar de las garras de prestadoras unos dineros sacados de los bolsillos de los afiliados que desconocían las despiadadas vulnerabilidades de la Seguridad Social. Esa DIDA desvalida se aloja en un estrechísimo almacén, con endeudamiento de personal y solo 16 vehículos para moverse protectora con destino a 32 provincias e incluir en sus asistencias a ancianos y discapacitados defraudados.