Santo Domingo.-La contaminación sónica y/o el ruido es el delito ambiental más denunciado en República Dominicana, con más de 5,000 casos mensuales a nivel doméstico, según reveló el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Hábitat y los Capital Naturales (Proedemaren).

El funcionario explicó que este tipo de infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no sólo afecta la convivencia ciudadana, sino que tiene consecuencias directas sobre la lozanía física y mental de la población, generando trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.

“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres abriles de prisión y multas que van desde un salario insignificante hasta 30 salarios mínimos”, precisó Contreras.

Indicó que las autoridades han rematado sentencias condenatorias en múltiples casos, incluyendo penas de uno y dos abriles de prisión, lo que evidencia un maduro nivel de judicialización en este tipo de delitos. Solo en noviembre del pasado año, las autoridades destruyeron 6,447 equipos de sonido incautados, tras concluir los procesos judiciales correspondientes.

El magistrado señaló que este aberración se concentra principalmente en zonas urbanas, donde ciudadanos y establecimientos comerciales suelen ignorar los límites de decibeles permitidos por la legislatura ambiental, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario matinal y entre 55 y 60 en horario noctívago.

Tras la contaminación sónica, Contreras identificó como segundo delito ambiental más recurrente la extirpación ilegal de agregados en ríos y zonas costeras.

Se requiere permiso
Explicó que toda actividad de este tipo requiere permisos del Servicio de Medio Hábitat y Capital Naturales, así como certificaciones relacionadas con el uso de suelo. La partida de estas autorizaciones constituye una violación a la Ley 64-00.

“Cuando se detecta una intervención ilegal en ríos o zonas protegidas, realizamos inspecciones técnicas cercano a especialistas y procedemos a la judicialización del caso”, indicó.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Corporación de Ciencias, lo que fortalece la pulvínulo técnica de los procesos judiciales.
Contreras advirtió que estos incendios generan daños irreversibles en los ecosistemas, eliminando la biodiversidad y afectando extensas áreas boscosas.

“Si los ciudadanos conocieran la magnitud del daño que causan los incendios forestales, no incurrirían en esta maña. Se destruye todo el entorno natural”, afirmó.

El Servicio Sabido ha rematado condenas contra personas responsables de estos hechos, en un esfuerzo por desincentivar su ocurrencia.
El procurador destacó que en los últimos abriles se han obtenido sanciones más contundentes.

Incendios forestales

— Preocupación
Otro de los delitos que preocupa a las autoridades es la ocurrencia de incendios forestales, muchos de los cuales son provocados por prácticas agrícolas tradicionales que terminan saliéndose de control.

Llamado a denunciar delitos ambientales
Protección. Francisco Contreras hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos ambientales, destacando que el sistema permite realizar denuncias de forma anónima y segura.

Las denuncias pueden canalizarse a través de la Procuraduría Ambiental, el Sistema Doméstico de Emergencias 911, líneas habilitadas en coordinación con el Servicio de Interior y Policía, o mediante las Fiscalías ordinarias en todo el región doméstico.

“El denunciante está protegido por la legislatura. Su identidad no se revela en ningún momento”, explicó.
Enfatizó la privación de blindar la conciencia ambiental en la sociedad dominicana, señalando que la protección del medio medio ambiente es una responsabilidad colectiva.