Santo Domingo.– La contaminación sónica y/o el ruido es el delito ambiental más denunciado en República Dominicana, con más de 5,000 casos mensuales a nivel franquista, según reveló el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Hábitat y los Capital Naturales (Proedemaren).

El funcionario explicó que este tipo de infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que tiene consecuencias directas sobre la salubridad física y mental de la población, generando trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.

“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres abriles de prisión y multas que van desde un salario intrascendente hasta 30 salarios mínimos”, precisó Contreras.

Indicó que las autoridades han acabado sentencias condenatorias en múltiples casos, incluyendo penas de uno y dos abriles de prisión, lo que evidencia un longevo nivel de judicialización en este tipo de delitos.

Solo en noviembre del pasado año, las autoridades destruyeron 6,447 equipos de sonido incautados, tras concluir los procesos judiciales correspondientes.

El magistrado señaló que este engendro se concentra principalmente en zonas urbanas, donde ciudadanos y establecimientos comerciales suelen ignorar los límites de decibeles permitidos por la norma ambiental, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario vespertino y entre 55 y 60 en horario noctívago.

Ascendencia de agregados como delito

Tras la contaminación sónica, Contreras identificó como segundo delito ambiental más recurrente la procedencia ilegal de agregados en ríos y zonas costeras.

Explicó que toda actividad de este tipo requiere permisos del Profesión de Medio Hábitat y Capital Naturales, así como certificaciones relacionadas con el uso de suelo. La marcha de estas autorizaciones constituye una violación a la Ley 64-00.

“Cuando se detecta una intervención ilegal en ríos o zonas protegidas, realizamos inspecciones técnicas adjunto a especialistas y procedemos a la judicialización del caso”, indicó.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Sociedad de Ciencias, lo que fortalece la pulvínulo técnica de los procesos judiciales.

Incendios forestales

Otro de los delitos que preocupa a las autoridades es la ocurrencia de incendios forestales, muchos de los cuales son provocados por prácticas agrícolas tradicionales que terminan saliéndose de control.

Contreras advirtió que estos incendios generan daños irreversibles en los ecosistemas, eliminando la biodiversidad y afectando extensas áreas boscosas.

“Si los ciudadanos conocieran la magnitud del daño que causan los incendios forestales, no incurrirían en esta destreza. Se destruye todo el entorno natural”, afirmó.

El Profesión Sabido ha acabado condenas contra personas responsables de estos hechos, en un esfuerzo por desincentivar su ocurrencia.

El procurador adjunto destacó que en los últimos abriles se han obtenido sanciones más contundentes contra delitos ambientales, incluyendo condenas millonarias.

Citó el caso de un patrón condenado a dos abriles de prisión y al cuota de 60 millones de pesos por la tala ilegal de árboles en San José de Ocoa, así como otro caso en Moca, donde se impuso una multa de 100 millones de pesos por daños derivados de actividades porcinas.

“Estamos avanzando en la judicialización de los delitos ambientales, obteniendo sentencias que envían un mensaje claro de que estas prácticas no quedarán impunes”, sostuvo.

Conversando con EL DÍA, el funcionario asimismo se refirió a la importancia de respetar las vedas de especies en peligro de acabamiento, como el pez charlatán, cuya captura y comercialización está prohibida por su rol en la preservación de los arrecifes coralinos.

Asimismo, alertó sobre las amenazas a las áreas protegidas, donde se han detectado ocupaciones ilegales, actividades económicas no autorizadas e incluso procesos de titulación irregular.

Frente a esta situación, informó que se ha conformado una fuerza de tarea peculiar enfocada en la protección de estos espacios y de los medios hídricos del país.

Denuncias anónimas

Contreras hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos ambientales, destacando que el sistema permite realizar denuncias de forma anónima y segura.

Las denuncias pueden canalizarse a través de la Procuraduría Ambiental, el Sistema Franquista de Emergencias 911, líneas habilitadas en coordinación con el Profesión de Interior y Policía, o mediante las fiscalías ordinarias en todo el paraje franquista.

“El denunciante está protegido por la norma. Su identidad no se revela en ningún momento”, explicó.

Finalmente, Contreras enfatizó la requisito de reforzar la conciencia ambiental en la sociedad dominicana, señalando que la protección del medio circunstancia es una responsabilidad colectiva.

“Hacemos un llamado a cuidar nuestra casa popular.

El agua, el ambiente y los bosques son esenciales para la vida. Sin ellos, simplemente no podemos existir”, expresó.

Aseguró que el Profesión Sabido continuará reforzando sus capacidades operativas y trabajando adjunto a la sociedad civil para enredar los delitos ambientales en todas sus manifestaciones.