EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Si usted todavía duda, no le pido que me crea. Le pido poco más simple y más honesto: pida tres números.

1. ¿Cuántos “intocables” han terminado condenados?

2. ¿Cuánto parné volvió —positivo y verificablemente— al fisco?

3. ¿Qué contratos lesivos fueron anulados y qué concesiones fueron revertidas?

Porque en una democracia pragmático, la lucha anticorrupción no se mide por discursos. Se mide por consecuencias.

En 2021 se anunció una “Dispositivo Antifraude”. En diciembre de 2023 se relanzó. Y este año el decreto 382-25 la formaliza. En La Semanal se repiten cifras: colaboraciones, expedientes, alertas, procesos detenidos y “miles de millones” reportados como “protegidos”.

Alertar e investigar es necesario. Nadie serio se opone a que el Estado tenga controles. El problema empieza cuando se pretende que la existencia del utensilio sea equivalente a la probidad producida por ese utensilio.

Actividad no es probidad. El país está atrapado en esa confusión.

Puede activo movimiento: monitoreos, reportes, remisiones. Pero la ciudadanía no vive de movimiento. Vive de resultados finales:

• Un documentación no es una condena.

• Un expediente no es reparación.

• Una alerta no es devolución de lo robado.

• Un titular no es probidad.

Si el Gobierno quiere convencer al que duda, no tiene que susurrar más cachas. Tiene que mostrar el cerrojo: condenas, recuperación y corrección estructural.

Cuando la corrupción toca la vigor, deja de ser “administrativa”: se vuelve humana.

En el caso SeNaSa (Operación Cobra), el Servicio Sabido investiga un supuesto desfalco de miles de millones en una institución creada para sostener un derecho fundamental.   Pero, si usted aún duda, no piense en “miles de millones” como sigla. Piense en esto:

A las 6:12 a. m., en una sala de prórroga, una raíz aprieta una carpeta con papeles arrugados: récipe, documentación, sello, copia de cédula. No llora; cuenta minutos. El médico ya lo dijo: “esto no puede esperar”.

En la ventanilla: “hay que subirlo al sistema”. En el call center: “espere en cadena”. En la botica: “todavía no aparece… sin autorización no puedo despacharlo”.

La raíz vuelve al hospital. Vuelve al teléfono. Vuelve a la oficina. Y cada día que vuelve, la palabra “urgente” se hace más pequeña.

En el documento dice: “Autorización irresoluto”.

Pero en la vida positivo, lo irresoluto no es un papel: es el tiempo.

Ahí la indignación deja de ser política y se vuelve ético: mientras una raíz persigue una firma para sostener una vida, el país se entera —según investiga el Servicio Sabido— de que la institución convocatoria a protegerla pudo activo sido saqueada desde adentro. Y, cuando eso ocurre, los números dejan de ser el centro: lo central es el daño tangible, físico y emocional, sobre multitud positivo.

Y el contraste ya no es una metáfora. Domingo en la sombra en el momento que se conocía la coerción, decenas de ciudadanos se concentraron fuera del Palacio de Ecuanimidad de Ciudad Nueva con pancartas y consignas, exigiendo prisión preventiva; la Policía los contuvo con vallas y un cordón de seguridad.

Horas a posteriori, el mediador impuso prisión preventiva de 18 meses en Najayo a varios imputados, incluyendo a Santiago Hazim y otros acusados, y dictó arresto domiciliario y restricciones para tres imputados.   Es un paso procesal. No es cerrojo. Y si la defensa apela, el temporalizador corre a crédito de la dilación. Una medida de coerción no es sentencia, no devuelve parné, no repara vidas.

La gran trampa es confundir movimiento con probidad. En una emergencia, nadie se tranquiliza porque le digan “ya abrimos un expediente”. Nadie recupera a un ser querido con una rueda de prensa.

Porque eso es lo que se repite, gobierno tras gobierno: se roba —se anuncia que se investiga— se administra el escándalo— y al final, todo sigue. La mecanismo, la comisión, el decreto: papelería. Impunidad con epígrafe.

El núcleo del problema es estructural. Cuando una mecanismo depende del poder político, aparece un freno natural cabal cuando el expediente toca donde “no conviene”. Si el costo de calar al final es demasiado detención, el proceso se queda en la parte. Y un proceso a medias es, para el pueblo, impunidad con papelería.

Y aquí hay que decirlo sin rodeos: esto no es “un partido contra otro”. Es una partidocracia que ha convertido el Estado en presa y la probidad en trámite. Los colores cambian, pero el pacto de protección se mantiene. Por eso, el problema no se resuelve con marketing de transparencia. Se resuelve rompiendo la inmunidad del sistema, gobierne quien gobierne.

Camino simple

Si de verdad se quiere convertir “actividad” en confianza, hay un camino simple y auditable. Tres pruebas de sinceridad:

1. Tablero notorio trimestral de consecuencias. Un portal único, sin retórica: acusaciones, sentencias, decomisos, recuperaciones efectivas y contratos anulados. Montos en tres columnas: “estimado”, “asegurado”, “recuperado”.

2. Trazabilidad con plazos. Remisión → comprensión → coerción → incriminación → prudencia → sentencia → recuperación. La impunidad se alimenta de la niebla; la probidad exige cronograma.

3. Coraza institucional positivo. Estabilidad técnica, protección a denunciantes y obligación de transmitir resultados finales.

El pueblo dominicano no necesita más anuncios como sustituto de probidad. Necesita ver parné devuelto. Necesita ver contratos anulados. Necesita ver sentencias.

El día que un país entiende que le han pedido paciencia demasiadas veces, deja de aplaudir anuncios y empieza a exigir consecuencias.

Ese día, el país no grita más: audita.

Despierta RD!

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