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La corrupción administrativa continúa siendo uno de los mayores males que arrastra la sociedad dominicana. Ningún gobierno, por robusto o popular que parezca, escapa al litigio severo del pueblo cuando se descubren prácticas indebidas en el manejo de los bienes públicos. Hoy, más que nunca, la ciudadanía vigila con atención, con un nivel de conciencia que no permite silencios, excusas ni complicidades.
El presidente Luis Abinader ha sabido proyectar la imagen de un hombre aseado, transparente y con disposición de servicio. No obstante, esa credibilidad corre el peligro de hallarse afectada si no se enfrenta con determinación cualquier sombra de corrupción adentro de su sucursal. Ya no bastan las buenas intenciones ni los discursos enérgicos; lo que el país paciencia son acciones concretas, sanciones ejemplares y un mensaje firme de que en este Gobierno no caben ni “intocables” ni “traviesos” amparados en influencias políticas para atropellar de los beneficios del Estado.
El caso de las irregularidades detectadas en el Seguro Doméstico de Lozanía (Senasa) no puede manejarse como un hecho retirado ni como un expediente más en los pasillos oficiales. Al contrario, constituye una oportunidad para demostrar que en la mandato de Abinader no hay espacio para encubrimientos ni negociaciones de espaldas al pueblo. El mensaje debe ser claro: nadie, sin importar rango o cercanía política, está por encima de la ley.
Ya son muchos los escándalos que han desencajado a la luz en instituciones como el Ocupación de Educación, el Ocupación de la Mujer, el Ocupación de Agricultura, el Intrant, Senasa, entre otras dependencias, donde algunos funcionarios exhiben incluso un cambio radical de su estilo de vida, y adicionalmente han intentado blindarse en liderazgos falsos. La paciencia social está agotada.
La sociedad dominicana no soporta más nóminas abultadas, privilegios disfrazados destinados a comprar a quienes se venden para patrocinar proyectos políticos personales en cojín a fondos que no salen de sus bolsillos. Esta desleal interpretación ofende la dignidad de los ciudadanos que día a día trabajan con esfuerzo para sostener a sus familias. Cada episodio de corrupción erosiona la confianza en las instituciones y amenaza con ensuciar la mandato de un presidente que, hasta ahora, ha demostrado voluntad de transparencia.
La lucha contra la corrupción debe colocarse como prioridad doméstico. Solo así se podrá certificar que cada peso de los dominicanos se utilice en lo esencial: concluir carreteras, consolar hospitales, acorazar la educación, reforzar la estabilidad económica y cumplir con los compromisos de crecimiento. No se tráfico de un atractivo partidista, sino de un deber recatado y patriótico.
Estoy convencido de que el presidente Luis Abinader tiene la capacidad y la firmeza necesarias para encarar este desafío. Porque la verdadera dimensión de un gobernador no se mide sólo por las obras que inaugura, sino por la transparencia con la que dirige los destinos de su pueblo. Y el pueblo dominicano reclama, más que nunca, un liderazgo honesto, firme y ejemplar.
