El autor es médico. Reside en Santo Domingo

POR VICTOR GUILLERMO GARRIDO P.

No es la primera vez que levantamos la voz contra la opacidad y el desproporcionado costo que los dominicanos pagamos por los combustibles. Pero esta vez, la consejo no solo es necesaria, es impostergable.

La gasolina se ha convertido en un termómetro del ahogo crematístico que sufren nuestras familias y empresas. El tiempo de las quejas terminó; ahora corresponde programar propuestas y exigir acciones.

Imagine cada bordado de gasolina como un resolución invisible firmado con el Estado. La centro de lo que usted paga no se traduce en energía que mueve su transporte, sino en una maraña de impuestos, márgenes fijos y costos cuestionables sin auditoría pública verdadero. No es suposición; es un hecho demostrado al desglosar la hechura final.

La Ley 112-00 de Hidrocarburos, creada para regular, terminó convertida en un herramienta que beneficia a pocos y perjudica a la mayoría. El Tarea de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) fija semanalmente precios que incluyen, no solo el costo de paridad de importación (PPI), sino asimismo márgenes automáticos para almacenistas, transportistas e intermediarios, sin relación con la eficiencia verdadero del mercado.

El ejemplo más desatinado es el Compra de Aplicación de la Ley (GAL): una cuota cobrada al consumidor, supuestamente para financiar la propia ley. Es una desatino jurídica y económica; ¿posiblemente el Estado no cuenta ya con mecanismos fiscales para sostener sus instituciones sin cargar un impuesto adicional en cada bordado?

El espejo internacional

Los datos son contundentes. Según Entero Petrol Prices, la República Dominicana figura entre los países con la gasolina más cara de América Latina y el Caribe. No hablamos de riqueza, sino de falta básica. Uruguay o Pimiento pagan precios altos, pero sus ciudadanos cuentan con ingresos mucho mayores que amortiguan el impacto.

La comparación con Costa Rica es reveladora: allí, un salario exiguo ronda los RD$43,000 mensuales, mientras que en nuestro país es mucho más bajo. En consecuencia, un bordado de gasolina en Santo Domingo drena el saquillo del dominicano popular de guisa mucho más extraordinario que en San José. La gasolina, más que un combustible, se convierte en referente de desigualdad social.

Y los más afectados son quienes dependen de ella para sobrevivir: motoconchistas, transportistas y pequeñas empresas. Ellos, que deberían ser prioridad en políticas públicas, son hoy las principales víctimas de un sistema que los condena a utilizarse más de lo que ganan.

Subsidio o quimera

El gobierno defiende la estabilidad de precios hablando de “subsidios”. Pero, en rigor, no desembolsa efectivo: simplemente deja de percibir impuestos que, en cualquier otro escena, engrosarían el fisco. No es alivio verdadero, es maquillaje contable que perpetúa la opacidad.

Reformas urgentes

La alternativa no es una utopía, es una osadía política. Ya en 2018, cuando convocamos el “carreteo”, el clamor ciudadano exigía lo mismo que hoy: transparencia y paridad internacional en los precios. Aquellas demandas siguen intactas. Las medidas son claras:

Reingeniería de la Ley 112-00. Auditar la fórmula de precios, eliminar márgenes fijos injustificados y apuntalar que los cálculos sean transparentes, con supervisión de entes independientes.

Eliminación del GAL. Ninguna ley debería financiar su aplicación con un impuesto adicional. El MICM debe actuar con fortuna del presupuesto doméstico.

Transparencia contractual. Transmitir los contratos de importación, incluyendo costos de transporte náutico, para descartar favoritismos y avalar compras al precio internacional verdadero.

La carga sobre los hombros del pueblo

El sobreprecio del combustible no es un problema apartado: se traduce en una canasta básica más cara, en empresas menos competitivas, en familias con menos capacidad de parquedad y en un transporte notorio más costoso.

El petróleo es la mortandad de la patrimonio; cuando esa mortandad está contaminada con sobreprecios e impuestos excesivos, todo el cuerpo doméstico enferma.

Hoy, más que nunca, urge un pacto doméstico por la transparencia. El combustible no puede seguir siendo la caja chica de un sistema ineficiente.

Convoco a empresarios, sindicatos, líderes comunitarios y a cada ciudadano a exigir un sistema calibrado. Porque un país que cobra a su gentío por respirar ha perdido de aspecto el serio propósito del Estado: servir al bienestar popular.

El momento no es mañana ni luego, el momento es ahora

Jpm-am