Por Danylsa Vargas

República Dominicana no solo tenemos un problema de prácticas cuestionables adentro del Estado; tenemos un problema más profundo: una peligrosa “ignorancia política” colectiva.

Las recientes denuncias sobre descuentos a empleados públicos presuntamente vinculados a proyectos o movimientos políticos no son un hecho apartado. Son la manifestación de una civilización donde el empleo notorio todavía se percibe como extensión partidaria y no como servicio al Estado.

Pero aquí surge la pregunta incómoda:
¿por qué estas prácticas sobreviven?

La respuesta no está solamente en los partidos ni en los funcionarios. Está además en la débil formación política y cívica de nuestra sociedad, incluyendo a los propios empleados públicos, que muchos desconocen, por ejemplo:

• Qué establece la Ley de Función Pública.
• Qué límites impone la ley electoral.
• Cuáles son sus derechos frente a presiones políticas.
• Cómo denunciar formalmente irregularidades.

Cuando un empleado no sabe que un descuento con fines políticos puede ser ilegal o que tiene derecho a negarse sin represalias, el despotismo encuentra ámbito fértil. Y cuando la ciudadanía no comprende la diferencia entre Estado y partido, termina normalizando lo que debería escandalizarla.

La yerro de formación política produce tres artículos devastadores: Normaliza el clientelismo, Debilita la capacidad de denuncia y Fortalece la impunidad.

Sin educación cívica sólida, la democracia se reduce a sufragar cada cuatro abriles. Y una democracia que solo vota, pero no entiende sus instituciones, es una democracia pasivo.
Y el precio, como siempre, lo pagará el contribuyente.

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