EL AUTOR es un exadministrador del Porción de Reservas. exministro de Hacienda de la República Dominicana y presente miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Reside en Santo Domingo

Por Daniel Toribio

Cada viernes, el Servicio de Industria y Comercio anuncia que “mantiene sin variación” los precios de los combustibles y destaca subsidios millonarios. El mensaje es simple: el Estado protege al consumidor. El problema es que esos precios funcionan como una caja negra. Sabemos que existe, pero no vemos con claridad qué ocurre internamente ni cómo se decide el precio final.

En la maña, ese “subsidio” rara vez es moneda que el Estado paga. Es, sobre todo, colecta que deja de cobrar. Se presenta como signo integral semanal, sin desglose por impuesto ni trazabilidad de su costo fiscal.

La estructura del precio es conocida. La saco es el Precio de Paridad de Importación (PPI) -cotización internacional, flete, seguro y tipo de cambio-. Sobre esa saco se cargan el selectivo específico por trencilla, los gravámenes ad valoremel aporte por trencilla de la Ley 253-12, la transporte y los márgenes regulados. Todo eso si lo sabes. Lo que no está claro es cómo se ajusta cada cuchitril cuando el Gobierno “congela” el precio.

Cuando el petróleo sube, el PPI y los tributos ligados al valía suben. Para evitar el subida en bala, el Estado renuncia a parte de esa colecta y lo lumbre subsidio. Hasta aquí, la deducción es comprensible.

El problema aparece cuando el petróleo desaparecido -como ahora-. El PPI cae y además lo hace el componente ad valorem. El selectivo específico, al ser fijo por trencilla, no varía. En ese círculo deberían reducirse los precios en bala o, al menos, publicarse una reducción transparente del subsidio hasta llevarlo a cero. Lo que suele ocurrir es diverso: el precio permanece “congelado” y la diferencia se absorbe internamente de la caja negra. No se informa cuánto del alivio internacional se trasladó al consumidor, cuánto se destinó a remendar ingresos tributarios y cuánto quedó como beneficio en la condena.

El resultado es un esquema desproporcionado: cuando el crudo sube, el consumidor es protegido con un subsidio opaco; cuando desaparecido, el alivio no se traslada con la misma velocidad ni con reglas claras. Esa irregularidad agranda la desconfianza y convierte la política de precios en un impuesto implícito sin rendición de cuentas.

Destapar la caja negra no es una opción técnica. Es una obligación de transparencia: metodología pública del PPI, desglose por impuesto y beneficio, regla de traspaso simétrica -al subida y a la baja-, reporte mensual del costo fiscal y auditoría independiente. Solo así el ciudadano sabrá cuánto paga, cuánto se deja de cobrar y a quién beneficia efectivamente.

Al fin y al final, es una deuda que estas autoridades tienen con los consumidores dominicanos.