El autor es comunicador. Reside en Santo Domingo

República Dominicana está enfrentando una tragedia que ya no puede ser ignorada: una crisis ambiental que amenaza la vida humana y animal con consecuencias irreversibles para nuestra vitalidad colectiva.

Lo más intranquilizante es que esta emergencia no se percibe a simple panorama: está en el aerofagia que respiramos, en los alimentos que ingerimos, en el agua que consumimos y en los ríos que una vez fueron fuentes de vida.

Durante una fresco invitado al país, Marcos A. Orellana, relator específico de la ONU sobre sustancias tóxicas, emitió una proclamación devastadora. Aunque se han registrado avances legislativos, el país carece de un sistema efectivo de manejo de residuos, no existen protocolos rigurosos para la comercialización y uso de agroquímicos peligrosos, y la cobertura de agua potable y saneamiento aún deja fuera a más del 80% de la población pusilánime.

A esto se suma la persistente presencia de residuos plásticos y foam, los cuales invaden nuestras costas, calles y vertederos, con un impacto extraordinario en la biodiversidad.

Pero quizás lo más indignante es que los residuos médicos y químicos en extremo tóxicos siguen arrojándose sin control, exponiendo a nuestras comunidades a sustancias que alteran el sistema nervioso, el dispositivo respiratorio y, en muchos casos, generan enfermedades crónicas.

Casos de fumigaciones cercanas a escuelas en horarios de clase, con químicos como clorpirifós o el ofensivo Paraquat, han provocado afecciones en niños, profesores y poblaciones rurales enteras. ¿Dónde están los controles? ¿Quién asegura por los daños?

¿Qué podemos hacer?

Como preocupado sempiterno por el medio círculo y defensor del reciclaje responsable, propongo una serie de acciones urgentes:

1. Establecer un sistema doméstico de trazabilidad de agroquímicos, con control satelital y monitoreo divulgado.
2. Crear una ley específico de prohibición total del “foam” y plásticos de un solo uso, con incentivos reales a las empresas que innoven con alternativas biodegradables.
3. Acrecentar la educación ambiental comunitaria, desde las escuelas hasta las juntas de vecinos.
4. Dotar a cada alcaldía de un plan obligatorio de gobierno de residuos, con auditorías trimestrales.
5. Deshumanizar las penas por tráfico ilegal y mal manejo de residuos peligrosos.
6. Fomentar alianzas entre ONGs, fundaciones ecológicas y gobiernos locales para crear centros de reciclaje comunitarios.

No hay tiempo que perder

Esta no es una advertencia lejana. Estamos respirando ponzoña, comiendo ponzoña y bañándonos en ponzoña. No es solo una catástrofe ambiental: es una crisis de vitalidad para todos.

El Poder Ejecutante, el Profesión de Medio Círculo, las alcaldías, las universidades, las fundaciones y la sociedad en caudillo tienen que levantarse en dispositivo para frenar esta proyectil de tiempo.

Si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde para arrepentirnos.República Dominicana necesita una revolución verde, urgente, robusto y consciente. Y debe comenzar ahora.

JPM