EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El Poder Ejecutor controla el presupuesto de la nación, todos los ministerios y direcciones generales y ejecutivas, así como demás órganos estatales. Adicionalmente, el presidente de la República, es el comandante en presidente de las instituciones castrenses y de la Policía Doméstico, de conformidad al Artículo 128 de la Constitución de la República.

Pero no termina ahí. Regularmente, cuando su partido es mayoría, todavía manda en las cámaras legislativas y pone y quita al procurador universal a través del Consejo Doméstico de la Magistratura, instituto donde a su vez el presidente de Estado suele tener mayoría.

Al controlar el Consejo Doméstico de la Magistratura no es un secreto que los jueces designados al Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de Neutralidad cuentan con el gastado bueno del presidente de la República, como en impresión ocurre, de igual guisa, con los miembros de la Agrupación Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, aunque directamente la escogencia se haga a través del Senado de la República.

En nuestro país el Poder Constitucional nunca ha sido un contrapeso y mucho menos ha ejercido su condición de primer poder del Estado.

Todos los resortes del Estado están bajo el dominio directo o indirecto del presidente de la República, quien no conforme reparte bonos a cerca de dos millones de dominicanos y usa una partida multimillonaria cada año en publicidad, para agenciarse parte y opiniones favorables en los medios de comunicación social, que repercuten en el comportamiento de la opinión pública franquista, la cual aprueba mayoritariamente la gobierno de gobierno de Luis Abinader, como todavía supo apoyar en el pasado a Danilo Medina y a Leonel Fernández.

SORBO

En la contemporaneidad se celebra, en Punta Cana, la 81 Asamblea Militar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Confianza de Prensa y Parte Falsas han sido los temas centrales. En nuestro país no se persiguen periodistas por sus ideas y hay voluntad de expresión en el sentido más amplio en apariencia, porque desaparecieron los métodos de asesinatos y encarcelamientos de comunicadores desde hace varias décadas. Ahora la censura es indirecta y más sofisticada, consistiendo en no otorgar publicidad a medios que disientan del Gobierno, lo que ha llevado a la quebranto económica a decenas de productores de programas de medios electrónicos y de periódicos digitales.

Los medios tradicionales se alardean de divulgar parte de hechos reales o veraces, lo que no ocurre siempre en las redes sociales. El problema más importante de los periódicos impresos y noticiarios televisivos no está en lo que publican, sino en lo que dejan de difundir.

¿Qué nueva que perjudique al Gobierno se publica en esos medios que hacen ostentaciones de la fiabilidad? ¿O posiblemente no es un hecho todavía fiable retener silencio sobre acontecimientos importantes, por los interese que envuelven, que no se publican?

La población se entera originalmente por las redes sociales de muchos escándalos de corrupción pública que estremecen a la sociedad.

Dueños

¿Cuál es la razón del silencio de esos medios? Los medios de comunicación en República Dominicana, menos excepciones, pertenecen a los mismos dueños. Hay un envejecido monopolio. Y esos empresarios nunca hacen la contra al gobierno de turno, porque temen que les vayan a tirar a Impuestos Internos, que se acaben los privilegios arancelarios, entre otros.

De igual guisa, ¿qué ayuda que pida un dueño de un informe al presidente no sería concedido? Es más: hasta los propios directores de medios gozan de la distinción del presidente de Estado, que es político, lo que aprovechan para resolver problemas hasta de miembros de su entorno franco.

Sin confiscación, reitero, la censura no se practica como en otras épocas, pero se mantiene una censura y autocensura de otro tipo, que afecta de todas maneras la posibilidad de un anciano flujo de parte y opiniones en beneficio de la población. Y en presencia de gobiernos tan poderosos, como el que tenemos en la contemporaneidad, porque lo controla todo, en República Dominicana faltan medios capaces de informar sobre cualquier hecho que ocurra sin importar los intereses que involucre.

Solo con medios y comunicadores independientes podríamos obtener un imperceptible compensación. Cuando salen parte favorables al Gobierno eso es relaciones públicas. Cuando se publican trabajos, en las páginas editoriales, resaltando “la transparencia y buena intención” de Abinader siquiera se prostitución de un simple artículo. Eso es relaciones públicas. Si el Gobierno hizo poco perfectamente sencillamente ese es su deber, porque es con posibles del contribuyente y para esos fines se le eligió.

No se puede ampliar y atribuir estar “en búsqueda” a todos aquellos que adjudican al presidente ser un hombre “transparente y perfectamente intencionado”, pero sí están repitiendo una frase manida, cháchara, que la población no necesita por los grandes poderes de que dispone un presidente y por la millonada que se gasta en publicidad con posibles de los dominicanos.

jpm-am