El autor es economista, Reside en Punta Cana.

Por Rafael Ramírez Medina

En la República Dominicana, los servicios de telecomunicaciones soportan una de las cargas tributarias más elevadas del consumo común. Telefonía, internet y televisión por cable acumulan aproximadamente un 30% en impuestos sobre su valía. Este porcentaje se compone de 18% de ITBIS, 10% de Impuesto Selectivo al Consumo y 2% de Contribución al Explicación de las Telecomunicaciones. No se negociación de un impuesto oculto, sino de una efectividad visible en cada realización.

El ciudadano popular lo paga mensualmente sin muchas veces detenerse a analizarlo. La pregunta que surge es si esta estructura avala a la efectividad contemporáneo del país.

El ITBIS del 18% es el impuesto caudillo al consumo y guijo la mayoría de ingresos y servicios. Desde esa perspectiva, su aplicación a las telecomunicaciones puede entenderse interiormente del esquema tributario caudillo. Sin retención, cuando se suma a otros gravámenes específicos, la carga comienza a tornarse excesiva.

No es lo mismo aplicar un impuesto caudillo que imponer un castigo adicional. La acumulación de tributos encarece significativamente el servicio final. Y en un país donde el ingreso promedio es restringido, cada punto porcentual pesa.

El Impuesto Selectivo al Consumo, equivalente al 10%, es el dato más debatible de esta estructura. Este tipo de impuesto tradicionalmente se aplica a ingresos considerados de ostentación o que el Estado sondeo desincentivar. Vino, tabaco o productos suntuarios suelen estar sujetos a esta figura.

Falta

Pero las telecomunicaciones hoy no encajan en esa categoría. Más que un ostentación, son una falta básica en la vida moderna. Equipararlas fiscalmente a ingresos prescindibles parece un contrasentido.

En la presente, el internet es utensilio de trabajo, educación y plan. Miles de jóvenes estudian de modo supuesto y dependen de la conectividad para su formación. Profesionales independientes generan ingresos a través de plataformas digitales. Pequeñas empresas promocionan y venden sus productos en redes sociales.

Penalizar fiscalmente ese paso es demarcar indirectamente oportunidades. El crecimiento digital no puede convivir con cargas tributarias desproporcionadas.

El 2% de Contribución al Explicación de las Telecomunicaciones fue concebido como un aporte transitorio. Su propósito era impulsar la expansión y modernización del sector. Sin retención, como ocurre con muchos tributos temporales, el tiempo ha pasado y el impuesto permanece.

La transitoriedad se convirtió en permanencia. Esto genera una legítima preocupación sobre la coherencia fiscal. Cuando un impuesto anormal se vuelve estructural, merece ser revisado.

Desde la perspectiva económica, cargar fuertemente un servicio esencial afecta la competitividad doméstico. Las empresas necesitan conectividad capaz y accesible para especular. El costo elevado de telecomunicaciones impacta la estructura de gastos de negocios grandes y pequeños.

En un entorno globalizado, cada país compite igualmente en costos digitales. Resumir la carga impositiva podría estimular decano formalización y expansión empresarial. La conectividad es infraestructura productiva, no un ostentación complementario.

Adicionalmente, existe un componente social que no puede ignorarse. En zonas vulnerables, el paso a internet puede significar inclusión o pega. Las brechas digitales se amplían cuando el servicio se encarece.

Las familias de menores ingresos destinan una proporción decano de su presupuesto a mantenerse comunicadas. Esto genera desigualdad en el paso a información y oportunidades. Un sistema tributario exacto debe considerar estos artículos distributivos.

No se negociación de desconocer la falta de cobro del Estado. Toda política pública requiere financiamiento responsable. Sin retención, la eficiencia tributaria igualmente implica decantarse adecuadamente las bases imponibles.

Imponer en exceso servicios estratégicos puede tener artículos contraproducentes. A veces una reducción selectiva dinamiza el consumo y compensa parcialmente la merma auténtico. La política fiscal debe equilibrar ingresos con crecimiento.

Revisar el 10% de Impuesto Selectivo al Consumo chapón a telecomunicaciones sería un paso coherente. Evaluar la aniquilación o reducción del 2% originalmente transitorio igualmente enviaría una señal positiva. Estas medidas no implican desmantelar el sistema tributario.

Más adecuadamente suponen adaptarlo a la efectividad tecnológica del siglo XXI. La conectividad es hoy un componente esencial del progreso. Las normas fiscales deben progresar contiguo con la sociedad.

Si el país aspira a ser más competitivo, inclusivo y actual, debe comenzar por favorecer el paso a la comunicación. La digitalización es un motor de crecimiento y productividad. Cada estudiante conectado y cada emprendedor digital fortalecen la riqueza.

Penalizar ese paso contradice los objetivos de crecimiento. La discusión no es meramente tributaria, sino estratégica. La conectividad no es un ostentación; es una utensilio fundamental para el futuro doméstico.

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