En una democracia sana, el periodismo investiga y la conciencia decide. Cuando esa cadena se desdibuja, el problema no es individual: es institucional.

República Dominicana ha sido atmósfera, en los últimos abriles, de casos que estallaron tras reportajes televisivos de stop impacto y que terminaron en procesos judiciales, reputaciones destruidas y colapsos económicos.

Recordamos a Laboratorios Noruelfabricantes del desrizante BPT, cuya marca cayó en desgracia luego de denuncias difundidas en televisión sobre presuntos artículos adversos del producto. En su momento se habló de caída de melena y de testimonios que generaron sobresalto pública. Con el paso del tiempo, surgieron cuestionamientos y versiones encontradas. Asimismo circularon rumores sobre posibles intereses comerciales detrás del escándalo. Carencia de eso fue judicialmente probado.

Está el caso de Ramón Rosariopromotor de medicina natural y del producto Desintrix, quien fue objeto de un reportaje crítico ayer de su trágica asesinato en 2014 por un disparo en la habitante. Oficialmente se habló de un hecho accidental; otras versiones apuntaron a suicidio. Lo cierto es que nunca hubo una osadía sumarial que estableciera responsabilidades derivadas del impacto mediático.

Más fresco fue el proceso contra Karla Moya Boadaacusada de profesar la medicina sin cumplir con los requisitos legales en el país. Tras el conveniente proceso, fue absuelta por los tribunales.

Y asimismo el caso de Elizabeth Silveriocondenada en primera instancia por examen ilegal y falsificación de credenciales, pero cuya sentencia fue seguidamente anulada para la celebración de un nuevo razón.

¿Qué tienen en global estos episodios?

Que todos explotaron posteriormente de investigaciones televisivas.
Que todos generaron una condena social inmediata.
Y que en varios de ellos, el desenlace sumarial no coincidió con la sentencia pública auténtico.

No se alcahuetería de cuestionar el rol del periodismo. La investigación es esencial en cualquier sistema demócrata. Sin prensa atrevido no hay transparencia. Pero siquiera puede ignorarse que la opinión pública, cuando se forma sin el respaldo de una sentencia firme, puede convertirse en una condena anticipada.

El conveniente proceso no es un tecnicismo sumarial. Es la columna vertebral del Estado de Derecho. Garantiza que nadie sea manifiesto culpable sin pruebas suficientes, sin contradicción, sin defensa.

Cuando la percepción sustituye a la prueba, y el micrófono parece pesar más que el expediente, la institucionalidad se debilita.

La polémica contemporáneo entre figuras del ámbito médico y mediático vuelve a colocar sobre la mesa la misma interrogante: ¿estamos respetando los tiempos y garantías de la conciencia o estamos permitiendo que la condena pública anteceda a la sumarial?

No se alcahuetería de defender nombres propios ni de atacar comunicadores. Se alcahuetería de preservar principios.

Porque cuando la conciencia se desacredita condenando sin pruebas contundentes —o cuando la presión mediática condiciona el curso institucional— el peligro no es para uno, es para todos.

En un Estado demócrata, la crítica es legítima. La fiscalización es necesaria. Pero la sentencia corresponde exclusivamente a los tribunales.

Confundir micrófono con martillo sumarial es un error que puede costar reputaciones, empresas, carreras y vidas.

Y cuando la institucionalidad pierde contrapeso, nadie está verdaderamente a indemne.

Ana Jiménez
Comunicadora | Periodista
Directora de Informar

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