La autora es periodista. Reside en Santo Domingo Finalidad.

POR YANET GIRON

En las calles de San Felipe, Villa Hendidura, transitar se ha convertido en una prueba de paciencia y supervivencia. La carretera principal de Santo Domingo Finalidad parece un demarcación sin ley, marcada por el mal estado del asfalto, los tapones interminables y una experiencia que guión en el atropello: el cobro informal a los choferes de carros públicos por parte de grupos que se han adueñado del espacio notorio.

El epicentro de este aberración se encuentra en la calle 29 de Villa Hendidura, donde cada día se colocan varios hombres conocidos en la zona como “los cobradores de peajes”. Estas personas se dedican a exigir caudal a los choferes que conchan por la ruta, amparándose en la supuesta representación de un asociación o sindicato. Sin incautación, acullá de organizar el transporte, lo que generan es miedo, retrasos y desorden.

El método es simple, pero violento: detienen los carros públicos en plena vía, exigiendo el cuota del “peaje” del día. Si el chofer se niega o intenta seguir su camino, los enfrentan con amenazas, gritos y hasta agresiones.

En casos extremos, han llegado a atravesar un hierro voluminoso frente al transporte para impedirle avanzar, provocando el caos total y bloqueando el paso a los demás conductores.

Estas acciones, por otra parte de ilegales, crean tapones que se extienden por minutos y hasta horas, afectando directamente a pasajeros que solo buscan conmover a su destino. Muchos conductores, para evitar conflictos, terminan pagando por miedo, mientras las autoridades brillan por su abandono.

A este panorama se suma el estropicio de las calles, los trabajos inconclusos por filtraciones de agua subterránea y las obras del Metropolitano que prometen expansión con dos nuevas paradas, pero que avanzan a un ritmo que no compensa el desorden diario.

El resultado es un cóctel de frustración y desgaste que afecta tanto a conductores como a ciudadanos comunes.

No se negociación de condenar a quienes históricamente han luchado por tener control de las rutas, sino de ponerle fin al desorden y la violencia disfrazada de autoridad. Si hay una cuota o regulación que aplicar, debe hacerse bajo supervisión judicial, con transparencia, registro y respeto por la vida y el trabajo de los demás.

En pleno siglo XXI, no se puede seguir permitiendo cobros callejeros a punta de hierro ni bloqueos improvisados que afectan la movilidad de miles. La opción está en la formalización, la regulación y la presencia efectiva del Estado. Los ciudadanos de Santo Domingo Finalidad merecen transitar sin miedo, con seguridad y dignidad.

Porque cuando el caos cobra peaje, quien paga —una vez más— es el pueblo.

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