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El Pregonero, Santo Domingo.-El jurista Valentín Medrano advirtió que las actuaciones fuera del situación justo por parte del Empleo Divulgado podrían comprometer la posibilidad de hacer honestidad efectiva en torno a la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que hasta la época ha dejado 232 fallecidos y decenas de heridos.
En declaraciones ofrecidas al software Panorama de la Mañana, transmitido por Panorama 96.9 FMMedrano fue enfático al señalar que «todo cuanto se ha hecho en este proceso se está haciendo mal», al referirse a decisiones adoptadas por el víscera persecutor, como la presunta inmovilización de cuentas y riqueza del patrón Antonio Espaillat, capitalista del centro noctámbulo, en medio de la investigación.
Según explicó el abogado, el Empleo Divulgado estaría incurriendo en una «autoadmisión de ilegalidad» al aplicar el artículo 23 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, cuando dicha norma no es procedente en este tipo de casos.
«La ley es clara. El artículo 23 solo puede ser utilizado cuando se investiga un delito previsto en esa ley, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Y aquí no estamos delante ninguna de esas figuras», afirmó Medrano.
El jurista todavía alertó sobre la validez de los peritajes y levantamientos de pruebas ordenados fuera del situación del Instituto Doméstico de Ciencias Forenses (INACIF), entidad que, según la Ley 454-08, es la única autorizada a realizar experticias judiciales en el país. “Todo lo demás es inválido, aunque provenga de una buena intención”, apuntó.
Medrano sostuvo que las ilegalidades procesales podrían terminar afectando a las verdaderas víctimas de la tragedia, al aclarar la puerta a nulidades judiciales o a la inadmisibilidad de pruebas esencia. “Un hecho ilícito no puede producir consecuencias legales. El Empleo Divulgado no puede realizar para las cámaras, tiene que realizar para los tribunales”, dijo.
Por otra parte, se refirió a la posible afectación del derecho a reparación de las familias de las víctimas y los sobrevivientes. Afirmó que “si las actuaciones ilegales contaminan el proceso, se corre el peligro de que muchos no puedan aceptar a la honestidad que merecen”.
Indemnizaciones: sin tope, pero con criterio
Consultado sobre las eventuales demandas civiles, el jurista explicó que no existe un tope justo para la compensación económica, y que corresponderá a los jueces valorar caso por caso.
“No es lo mismo la vida de un pelotero millonario como el que lamentablemente perdió la vida, que la de un albañil.
Aunque todos somos iguales delante la ley, hay diferencias patrimoniales y funcionales que inciden en el cálculo de la indemnización”, explicó Medrano, quien todavía recordó que personas lesionadas, empleados afectados, negocios vecinos e incluso el propio Estado podrían constituirse en parte civil.
Una tragedia de múltiples aristas
Durante su intervención, Medrano resaltó la complejidad del caso y la multiplicidad de víctimas directas e indirectas, desde familiares de los fallecidos hasta instituciones escolares con estudiantes huérfanos.
“El drama humano es inmenso. El gobierno ha tenido buena voluntad, pero eso no puntada. Aquí no hay forma de maquillar la verdad ni de esquivar responsabilidades. La magnitud social y económica de esta tragedia obliga a realizar con absoluta corrección jurídica”, sentenció.
Finalmente, hizo un llamado al Empleo Divulgado para que se mantenga interiormente del situación justo y se abstenga de emprender acciones que, aunque puedan fulgurar efectistas desde lo mediático, comprometen el conveniente proceso.
“El país necesita honestidad, no relaciones públicas”, concluyó.
