En el país, la atención a las adicciones descansa sobre los hombros de un centenar de instituciones que operan con medios mínimos y escaso respaldo oficial.

Mientras la ley concentra sus esfuerzos en la represión y el control del narcotráfico, la prevención y la atención al consumo siguen siendo tareas relegadas.

El país no cuenta con una organización integral de drogas que priorice la vitalidad mental, reinserción social ni la sostenibilidad de los programas comunitarios.

Esa es la conclusión coincidente de Raddamés de la Rosa, director ejecutante de Casa Abierta y José Corporán Clase, fundador de la Fundación Altísimo es Fiel, Inc., dos instituciones que desde enfoques distintos —uno técnico-preventivo, otro espiritual y clínico— comparten la misma precariedad.

De la Rosa lo resume así: “No hay un sistema franquista de formación ni una política de drogas con inspección de vitalidad. Los programas residenciales sobreviven con lo imperceptible, sin escolta técnico ni medios suficientes”. Su denuncia apunta a la desidia de coordinación entre los ministerios de Salubridad, Educación, Civilización y Deportes, que deberían integrar una red articulada de prevención y rehabilitación.

A la precariedad se suma un conflicto legítimo no resuelto: la desaparición del fondo del 15 % de los caudal incautados, que por ley debía distribuirse entre las instituciones sociales reconocidas por el Consejo Doméstico de Drogas (CND), Procuraduría Común de la República (PGR), Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias del Estado.

De la Rosa explica que la Ley 72-02 y la 155-17 sobre Lavado de Activos, contemplaban ese porcentaje para apoyar a las organizaciones que trabajan en reducción de la demanda. “Durante abriles, el reparto fue irregular, en algunos períodos solo se entregó una vez. Pero cuando se derogó el artículo que nos incluía, el Estado no distribuyó los fondos que ya se habían generado bajo la ley precursor”, señala.

Uno y otro directores coinciden en que esa retención de medios constituye una deuda irresoluto del Estado con las entidades. Según estimaciones manejadas por los sectores afectados, se trataría de unos tres mil millones de pesos que permanecen en cuentas oficiales sin ser entregados. “La Constitución es clara: las leyes no son retroactivas. Los fondos generados bajo la carta precursor deben entregarse, conforme a esa reglamento”, argumenta De la Rosa.

Corporán, desde su experiencia en la Fundación Altísimo es Fiel, lo expresa con indignación: “Nos quitaron el 15 % que nos permitía sobrevivir. Tocamos puertas, mandamos cartas, pero el trabajo con adictos no tiene visibilidad ni atractivo”. La institución sostiene dos centros residenciales en Boca Chica y La Caleta, donde acoge a noventa hombres en proceso de rehabilitación. Los locales son alquilados, el personal trabaja por afición y los alimentos llegan gracias a donaciones esporádicas.

Mientras tanto, Casa Abierta mantiene una laboreo preventiva, con más de trescientas personas al mes entre niños, adolescentes y adultos. El presupuesto depende casi por completo de una subvención estatal congelada y de un pequeño esquema internacional financiado por el Concejo de Leioa, en el País Vasco.

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Ambas entidades coinciden en que la política antidrogas privilegia el control del tráfico en torno a el foráneo, mientras descuidan la atención interna al consumo. “El país tiene organización de control de drogas en torno a fuera, pero en torno a adentro, prácticamente ninguna”, lamenta De la Rosa.

El problema no es solo financiero. En los hospitales públicos, la atención a personas con sobredosis o dependencia es deficiente. Muchos centros carecen de protocolos de emergencia o medicamentos como la naloxona, esencial para revertir los género de los opiáceos. Según las propias autoridades de vitalidad mental, el país no tiene capacidad para detectar fentanilo en la crimen de un paciente, lo que impide entender si esa sustancia ya circula en el región.

Las cifras oficiales son escasas, pero las organizaciones coinciden en que el consumo ha aumentado y se ha normalizado. El bebida y el tabaco continúan siendo las drogas más accesibles y, paradójicamente, las más letales. “El bebida es más dañino que la cocaína, porque está normalizado y regulado de guisa deficiente”, advierte De la Rosa.

Uno y otro especialistas piden una reforma profunda de la política franquista sobre drogas, con un enfoque de vitalidad pública y décimo multisectorial. “El apasionado no es un delincuente, es un enfermo. Necesita tratamiento, no persecución”, enfatiza Corporán.

El desafío, concluye De la Rosa, es construir una visión de Estado que reconozca el valía de las organizaciones sociales. “Las entidades estamos donde el Estado no quiere, no puede o no sabe estar. Pero ya no pespunte con resistir, hace desidia una política que nos incluya”.