@abrilpenaabreu

Desde El Pregonero hemos sostenido, incluso cuando resulta impopular, que el oportuno proceso no es selectivo ni negociable. Lo defendimos cuando miembros del PLD fueron sometidos por casos de corrupción, y lo hemos defendido asimismo cuando se prostitución de ciudadanos sin padrinos, sin apellidos de peso ni “bolillos hondos” que los protejan. La coherencia no siempre es cómoda, pero es necesaria.

Fuimos —y no por vanidad, sino por rigor— de los primeros en advertir, incluso antaño que el propio Estado, las graves debilidades del ámbito judicial dominicano en materia de supervisión de obras de infraestructura pública y privada. Señalar esas fallas en medio del dolor, la indignación y la pérdida de vidas humanas no es una posición acomodaticio. En contextos así, cualquier cosa que no sea “cabrear en la hoguera” a los responsables suele interpretarse como complicidad. Aun así, insistimos: la honestidad no puede construirse sobre el clamor, sino sobre la verdad.

Todavía fuimos de los pocos medios que alertaron sobre un hecho inquietante: el traslado de los escombros del Jet Set en torno a Santiago, sin que hasta hoy exista una explicación clara y pública de qué ocurrió con ese material esencia para la investigación. Meses a posteriori, la sociedad dominicana sigue esperando el peritaje estatal que explique por qué colapsaron los techos, mientras el silencio oficial ha destapado la puerta a todo tipo de teorías, rumores y especulaciones.

Se nos dice que informar puede “entorpecer las investigaciones”. Sin secuestro, el malogrado informativo no protege la honestidad: la debilita. La opacidad prolongada no apaga la conspiranoia; la alimenta.

La más fresco de esta condena de tropiezos resulta especialmente incomprensible: la negativa —o la indiferencia— del tribunal frente a la solicitud de la parte acusadora de realizar un peritaje forastero e independiente. En un caso con tantas víctimas, ¿desde cuándo lo técnico sobra? ¿Desde cuándo más luz es un problema?

Aquí no hay una razonamiento jurídica convincente para el rechazo. Con sentencia o sin sentencia, los propietarios deberán indemnizar civilmente a las víctimas, poco que ellos mismos han obligado al afirmar que ya han llegado a acuerdos con aproximadamente del 70 % de los afectados. Entonces, la pregunta es inexcusable: ¿cuál es el miedo?

Un peritaje forastero no cambia el tipo penal de homicidio involuntario, no elimina responsabilidades ni impide indemnizaciones. Siquiera sustituye la función del mediador. Lo único que hace es aportar claridad técnica, robustecer la credibilidad del proceso y ofrecerle a la sociedad un cerradura basado en hechos, no en sospechas.

La honestidad dominicana no puede seguir actuando como si la desconfianza ciudadana fuera un problema superficial. Cuando el Profesión Divulgado y los tribunales cierran filas frente a peticiones razonables, no protegen la institucionalidad: la erosionan.

No es mucho pedir que, en uno de los peores casos de la historia fresco del país, se cumpla ajustadamente con el oportuno proceso y se permita la intervención de un tercero verdaderamente independiente. Mucho menos cuando ese paso no perjudica a las víctimas, no favorece a los imputados y no debilita la causa.

A veces, en la honestidad dominicana, el exceso de fealdad termina produciendo exactamente lo que se dice querer evitar. Y como suele ocurrir, como dicen por ahí: «el mucho vulnerar empreña» y como de costumbre con el poder legal dominicano y la cacareada honestidad sino que terminan poniendo un huevo de avestruz, aunque ahora montados en la abrasamiento de brujas no se vea.

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