El autor es político. Reside en Santo Domingo.

Por Felipe Lora Longo

En regímenes autoritarios, el desarraigo suele ser una utensilio refinada para silenciar. Pero en la interpretación estadounidense de Donald Trump, el desarraigo ya no requiere pasaporte ni discernimiento político: puntada con demandar el fin de un exterminio, exigir el respeto a los derechos humanos, participar en una demostración en una universidad, alzar la voz en una marcha o favor nacido en el extensión “erróneo”. En nombre del “orden migratorio”, Trump perfecciona un maniquí de castigo selectivo que convierte la deportación en una forma de represión política disfrazada de “bono administrativa”.

El desarraigo político, escribe Hannah Arendt, «no siempre se declara, pero siempre se siente». Lo sienten las miles de familias latinoamericanas que han vivido bajo la amenaza constante de ser arrancadas de sus hogares por favor marchado, organizado sindicatos o denunciado abusos laborales. Y lo sienten los jóvenes “Dreamers” que, tras construir movimientos de trascendencia doméstico, enfrentan la posibilidad existente de ser expulsados de la única tierra que conocen, exacto cuando empiezan a cazar más poder político.

Trump no lo dice con esas palabras, pero lo insinúa con sus promesas. Su llamado a “deportar millones desde el primer día” no es solo una propuesta de seguridad doméstico; es una táctica de neutralización política. Como señala Lee Gelernt, abogado de la ACLU y defensor en casos esencia contra la deportación de niños migrantes: “Las deportaciones masivas, cuando se ejercen sin criterios humanos ni adecuado proceso, se convierten en un aparato de intimidación. Y no solo contra los inmigrantes, sino contra toda la comunidad que se atreve a defenderlos.”

No se prostitución de exagerar. El ejemplo histórico más cercano es la señal “Repatriación mexicana” de los primaveras 30, en la que más de un millón de personas —muchos ciudadanos estadounidenses— fueron deportadas en medio del pánico crematístico.

¿La verdadera razón? Según el historiador Francisco Balderrama, coautor de Decade of Betrayal, “fue una purga social para deshacerse de los trabajadores organizados y los no blancos que eran vistos como una amenaza al orden crematístico blanco”.

Hoy, las deportaciones vuelven a ser una purga, pero con otro vocabulario: el de la “ilegalidad”, el “peligro”, el “invasor”. Trump no necesita avisar traidores a sus críticos; solo necesita llamarlos «ilegales», y con eso discurrir su salvedad.

En palabras del agitador Ravi Ragbir, quien casi fue deportado tras denunciar abusos migratorios: “La deportación se ha convertido en una utensilio política. Me quieren fuera no por lo que hice, sino por lo que digo.”

No es casualidad que muchos de los más perseguidos por ICE sean líderes comunitarios, portavoces de los derechos de los trabajadores agrícolas, defensores del medioambiente o miembros activos de movimientos sociales.

En la última semana Trump ha amenazado con deportación al triunfador de la candidatura demócrata a Síndico por la ciudad de New York, Zohran Mamdani al cual califica de “comunista” y a su ex coligado Elon Musk por su abierta competición al tesina de presupuesto apto en el Senado. El mensaje es claro: si luchas, te vas.

Expulsión selectivo

Por eso, lo que Trump propone no es solo una política migratoria. Es una política de desarraigo selectivo, de facilidad ideológica, de reconfiguración del cuerpo social a privanza de los intereses dominantes. Lo migratorio se convierte en lo policial, y lo policial en lo político.

Y mientras tanto, el país pierde poco más que fuerza sindical. Pierde voces. Pierde historia. Pierde resistor.

Como advirtió Edward Said, él mismo un desterrado, en su análisis Reflections on Exile: “El desarraigo es la fractura más profunda de una sociedad: la separación no solo de personas, sino de sus ideas, sus posibilidades, sus futuros.”

Delante este panorama, la pregunta no es si Trump deportará a millones. La pregunta es si entenderemos a tiempo que cada deportación es asimismo un destierro político, y que detenerlas es una tarea no solo ético, sino profundamente democrática.

Jpm-am