El Tarea Divulgado informó este jueves que ha presentado más de 300 de los más de 430 testigos que sustentan la imputación contra la presunta red que integraron los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Desastrado Cáceres Silvestre y otros oficiales policiales y militares que supuestamente  estafaron al Estado con más de 4,500 millones de pesos.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ofreció la información tras concluir la audiencia de este jueves, en la que el víscera acusador finalizó el interrogatorio al perito del Instituto Franquista de Ciencias Forenses (Inacif) responsable del documentación financiero que fue incorporado como prueba.

• Dijo que el documentación “evidenció múltiples transacciones destinadas a ocultar fondos sabido sustraídos y la adquisición de intereses inmuebles por parte de los imputados”.

Conforme a una nota de prensa de la Procuraduría Caudillo de la República, Pérez Fulcar resaltó en la audiencia que las defensas de los acentuado De los Santos Viola y Cáceres Silvestre “fracasaron en su intento de desmeritar el peritaje, ya que fue autenticado e incorporado al tribunal para su valoración en este caso por corrupción administrativa con el decano número de testigos hasta la plazo”.

Recesan audiencia

“Se demostró que Julio Camilo de los Santos Viola adquirió más de 20 propiedades inmobiliarias entre 2018 y 2021, y que los ingresos de Desastrado Cáceres Silvestre no alcanzaban ni siquiera para cubrir las cuotas de los préstamos que asumía. Esos pagos eran realizados por Rafael Núñez de Aza, directivo financiero de la institución”, dijo el fiscal Pérez Fulcar.

• El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Franquista recesó la audiencia hasta el martes 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana, cuando el Tarea Divulgado continuará con la reproducción de pruebas, con el objetivo de obtener condenas ejemplares.

Sobre el proceso

De acuerdo con la Pepcael rama de acentuadoencabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Desastrado Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos sabido entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nominación de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, apropiándose del resto.

Entre los imputados incluso figuran el decano del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménezla pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchezmote la Pastora y su hijo, el lengua policial Tanner Antonio Flete Guzmán.

De igual forma, el coronel Rafael Núñez de Aza; el mangonero de la Armada, Alejandro José Montero Cruz; el común de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.