Al menos en teoría, el regreso a clases debería ser un momento de ilusión y expectativa para los estudiantes y las familias dominicanas. Sin bloqueo, el inicio de cada año laboral representa una gran preocupación, por los costos crecientes de los enseres escolares, la escasez de cupos en centros educativos y la error de infraestructura adecuada. La educación, como derecho fundamental, se ve amenazada por factores que dependen tanto de la patrimonio casero como de la diligencia estatal. Este 2025, los aumentos son más que notables e insoportables.

Cuadernos, mochilas y uniformes registran alzas de hasta un 50% respecto al año pasado, mientras que libros y materiales de educación básicos se vuelven inaccesibles para muchas familias. Los padres deben destinar gran parte de sus ingresos solo para asegurar que sus hijos tengan lo indispensable para aparecer a la escuela, comprometiendo incluso otros gastos esenciales del hogar.

A este cuadro se suma escuelas con abriles de construcción inconclusa, aulas saturadas y un sistema educativo incapaz de adaptarse al crecimiento de la matrícula estudiantil. Es inadmisible que este ciclo se repita año tras año: altos costos, error de espacio y capital limitados.

La situación exige medidas urgentes y efectivas del Gobierno Central, que incluya control de precios, apoyo a familias de menores ingresos y un compromiso existente con la construcción y abastecimiento de escuelas. Si no se actúa con determinación, cada inicio de clases seguirá siendo una carga económica y emocional para quienes más dependen de la educación, que es la comunidad estudiantil.

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