En la entrega sobre la amenaza a los derechos sociales por la deducción del mercado, quisimos identificar cuál es el más delicado. Resultó ser la lozanía, pues la desigualdad ha convertido a los pacientes en clientes y ha transformado un derecho humano fundamental en un privilegio para pocos.

La pobreza limita el acercamiento a una atención médica de calidad: la comestibles —condición básica para la buena lozanía— y los medicamentos de parada costo no están al significación de los más pobres.

La creciente privatización y mercantilización de los servicios prioriza la rentabilidad por encima de la atención integral, un derecho contemplado en nuestra Constitución. Concebir la lozanía como negocio restringe su significación para las mayorías.

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Con un presupuesto insuficiente, hospitales deteriorados, escasez de medicamentos, personal prohibido y poca inversión pública, nuestro sistema de lozanía aleja a los más pobres del examen de su derecho.

Lo ocurrido en el Seguro Doméstico de Lozanía (Senasa) evidenció que la corrupción, la mala encargo y el uso indebido de medios asimismo atentan contra el derecho a la lozanía de la población que más lo necesita.

Esto no debe repetirse. Quien llegue con dietario privada a un servicio conocido debe ser descartado. La ciudadanía debe guardar el manejo de los medios y las autoridades valorar con rigor a quienes administran lo conocido.

El derecho a la lozanía exige información y educación para los beneficiarios, y reguladores verdaderamente independientes y comprometidos con la encargo del Estado, que no se plieguen a la voluntad de los regulados.

Los poderes públicos están obligados a establecer mecanismos de cumplimiento verdadero —no de falsa transparencia—. Están compelidos, conforme a la Constitución y las leyes, a respaldar el derecho a la lozanía, lo cual implica evaluar el compromiso de cada funcionario con ese derecho fundamental.

La Constitución de la Repúblicaen su artículo 61, protege el derecho a la lozanía integral: todo lo necesario para morar con calidad.

Pero, lamentablemente, si un motorista se rompe una pierna, con frecuencia debe comprar con su hacienda el clavo o tornillo que le hace desatiendo. El destape en Senasa es ejemplo de lo que no debe ocurrir en un país con medios limitados, donde la muchedumbre de a pie lucha por profesar su derecho.

Otra amenaza es la expansión de centros privados con tecnología de punta. No es malo per se; el problema es que, como derecho, su acercamiento queda marginado para una gran parte de la población.

Eso resulta discriminatorio frente al ámbito legítimo y constitucional. Todos tenemos derecho a la lozanía integral, y la inversión pública debe orientarse a ese fin propio del Estado social y demócrata de derecho. No más clientelismo: sí compromiso con la lozanía como derecho fundamental.

Si de verdad queremos proteger la lozanía como derecho, hay que acontecer del discurso a los hechos: metas medibles, presupuesto protegido, compras públicas transparentes, auditorías forenses a hospitales y a Senasa, sanciones penales por corrupción, regulación efectiva de tarifas y coberturas, portabilidad verdadero y tiempos máximos de calma, primer nivel de atención primaria musculoso, medicamentos esenciales asequibles y salario digno al personal. Con datos abiertos y rendición de cuentas trimestral, la muchedumbre sabrá quién cumple y será participe de la información fiable a la que tiene derecho conforme a la Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor.