El presidente de la Suprema Corte de Ecuanimidad, Luis Henry Molinaadvirtió que la Inteligencia Fabricado pondría en peligro la licitud de la imparcialidad, si no hay una regulaciónya que, a través de sistemas, se podría emitir decisiones con fundamento normativo y doctrinal, limitando el rol del togado.

“Ahora acertadamente, si no existen marcos claros para todos estos escenarios de interacción, el peligro es que la función regional se diluya o pierda licitud. Poco inaceptable en un sistema tolerante”, planteó el presidente del Poder Contencioso.

Sostiene que frente a estos escenarios, la prioridad no debe ser especular con fechas ni disputar sobre el nivel de realismo técnico.

“La prioridad es contraer que estas posibilidades ya están en discusión en el mundo tecnológico y que, independientemente de su cronograma exacto, es urgente desarrollar la capacidad reglamento y política para gobernarlas. El desafío está en ampliar estos usos con principios claros, gobernanza robusta y visión de futuro”, afirma, el magistrado un una información publicada en su blog oficial, bajo el título de “IA en mejora acelerado y imparcialidad: entre la eficiencia automatizada y la señal del derecho“.

Igualdad

Consideró que si el Estado no garantiza Inteligencia Fabricado pública accesible se producirá una inequidad con el uso de esa útil, comprometiendo la desigualdad procesal, lo que contradice el principio constitucional que consigna la igualdad en presencia de la ley.

En ese tenor, el magistrado señala que otro aspecto que será impactado tiene que ver con la democratización de herramientas jurídicas avanzadas que serían posibles a partir del propagación de Agent-3-mini.

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“Estas IA permitirían a cualquier persona redactar documentos legales, calcular probabilidades de éxito procesal o impugnar decisiones judiciales con una subsidio técnica superior a la de muchos profesionales”, destacó.

Delante esa situación, Molina sostiene que eso implica un dilema de equidad: “quienes acceden a estas herramientas tendrán una preeminencia procesal sustantiva frente a quienes no cuentan con ellas. Si el Poder Contencioso no proporciona servicios de IA pública accesibles, el comunicación a la imparcialidad podría volverse más desigual“.

Señaló que con la velocidad que lleva IA, una de las áreas impactadas podría ser la automatización de la redacción de sentencias.

Señaló que en pocos abriles habrá sistemas capaces de producir decisiones judiciales completas, con fundamentos normativos, observación doctrinal, evaluación, en tiempos y con precisión inalcanzables para un humano.

“En este punto, el rol del togado se transforma de nuevo, solo como prueba de prospectiva, ya no es quien redacta, sino quien valida, ajusta y supervisa lo que la IA ya ha facilitado”, explica el representante del Poder Contencioso.

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Añadió que otro caso de adaptabilidad es la aparición de asistentes legales autónomos que cumplen funciones comparables a las de un fiscal o un defensor sabido.

“Estos sistemas aprenden en tiempo positivo, ajustan su razonamiento y mantienen un comportamiento éticamente aceptable mediante sistemas de auto-monitoreo. Desde el punto de perspectiva institucional, la pregunta no es solo si esto es posible, sino si el sistema está preparado para puntualizar hasta dónde llega la delegacióncómo se fiscaliza el uso de estos agentes y cómo se protege el oportuno proceso frente a errores o sesgos. Aquí conectamos con el concepto de I-Ecuanimidadque puede orientar esta transición. No se alcahuetería solo de digitalizar procesos o acelerar trámites, sino de construir una imparcialidad que incorpore la inteligencia industrial desde la soberanía institucional, la ética pública y el compromiso con la dignidad humana».