EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El permiso otorgado por el presidente Luis Abinader para que el Unidad de Defensa de Estados Unidos utilice la Almohadilla Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas marca un punto de inflexión en la política extranjero dominicana.

Presentado como un acuerdo “técnico y temporal” para aumentar operaciones contra el narcotráfico y mejorar la seguridad regional, el anuncio abre interrogantes más profundas sobre la verdadera dimensión geopolítica de esta valentía.

En la superficie, el argumento es sólido: el Caribe se ha convertido en una autopista del crimen organizado, y República Dominicana – geográficamente estratégica y logísticamente vulnerable-necesita cooperación para enemistar redes que superan sus capacidades.

Sin incautación, en la ejercicio, el permiso habilita un tipo de presencia marcial que va más allá del simple reabastecimiento de aeronaves o apoyo técnico. Los precedentes en la región enseñan que lo “temporal” tiende a prolongarse, y que lo “técnico” suele destapar la puerta a misiones más amplias.

La complejidad del acuerdo no reside solo en lo operante, sino en su impacto político. El país entra en una zona vulgar: se convierte en plataforma secreto del despliegue estadounidense en el Caribe puntual en un momento de tensiones crecientes con gobiernos como el de Venezuela, que ya calificó la valentía como una “esquizofrenia imperial”.

Esto coloca a República Dominicana en una posición delicada, donde la búsqueda de seguridad interna puede traducirse en aislamiento diplomático regional.

En el plano interno, el acuerdo desata un debate necesario pero incómodo: ¿cuánto control positivo conserva el Estado dominicano sobre las operaciones que se realicen desde sus instalaciones? ¿Quién supervisa los límites de uso? ¿Qué garantías existen para evitar que el país quede atrapado en la memorándum marcial de Washington?. Las respuestas, por ahora, son vagas o inexistentes.

La lucha contra el narcotráfico exige cooperación internacional, pero igualmente claridad, transparencia y soberanía efectiva. El liza para el gobierno dominicano no es discurrir la pobreza del acuerdo, sino demostrar que la transigencia de sus instalaciones militares no derivará en una dependencia estratégica irreversible o en una pérdida paulatino de autonomía.

La valentía de Abinader, en esencia, obliga al país a preguntarse poco profundo: ¿cuál es el costo invisible de permitir que una potencia marcial opere desde nuestro zona? Y, sobre todo, ¿quién pagará ese costo en el futuro inmediato?.

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