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El Pregonero, Santo Domingo.-La homicidio de mi religiosa en el Instituto Doméstico del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) no solo me deja un hueco personal inalcanzable de guatar, sino incluso una indignación profunda cerca de el sistema hospitalario manifiesto que, allí de ser un refugio para los más vulnerables, se ha convertido en un confusión de trabas, indiferencia y burocracia mortal.
Todos sabíamos, y los médicos incluso, que ella padecía un cáncer de hígado. Pero el protocolo exigía una biopsia para ingresarla y comenzar un tratamiento. Esa exigencia, absurda en su rigidez, se convirtió en una sentencia: las citas se daban a meses de distancia, se cancelaban una y otra vez bajo la excusa de huelgas en el centro, y mientras tanto la enfermedad avanzaba sin freno. Para colmo, cuando finalmente nos dijeron que había que hacer la biopsia, la respuesta fue aún más desalentadora: el máquina estaba dañado y no sabían cuándo lo iban a arreglar.
¿Es posible que un hospital especializado en cáncer, que recibe cientos de pacientes al día, no tenga un plan alterno para un procedimiento imprescindible como una biopsia? Más aún: ¿cómo es posible que, viendo a una paciente con diagnosis presuntivo de cáncer, no se le administren medicamentos paliativos, ni se le ingrese para hacerle los estudios desde adentro, con la emergencia que la vida demanda? El sistema la condenó a dar vueltas inútiles mientras el tumor crecía y su cuerpo se deterioraba.
Lo más desgarrador fue la atención en emergencias. En múltiples ocasiones la llevamos buscando auxilio inmediato, y lo único que recibía era un suero para ser despachada de nuevo a casa. Yo pedía que la dejaran ingresada; suplicaba que le drenaran el puro que le inflaba el tripa, y la respuesta era la misma: “hay que esperar que la barriga esté más conspicuo”. No había un plan de manejo, no había medicamentos dirigidos al tumor, no había humanidad. Solo excusas, papeleo y negligencia.
Lo más frustrante es que ni siquiera valió la pena usar mis relaciones e influencias para intentar ingresarla y conquistar que la atendieran. Si a mí, con bienes y contactos, me fue inalcanzable rasgar una puerta, ¿qué será del escueto que no puede hacer una emplazamiento a algún influyente? ¿Qué esperanza le queda al que depende enteramente de la buena voluntad del sistema?
A todo esto se sumó un episodio que mi religiosa me contó con lágrimas: una doctora, en oficio de tratarla con compasión, le dijo de forma agresiva que lo que tenía era un cáncer y que se quedara tranquila. Ese comentario, allí de ser un acto médico responsable, fue una sentencia emocional que la desmoralizó y la bloqueó mentalmente. Un paciente que lucha contra una enfermedad necesita esperanza, respeto y cuidado humano, no palabras que hieren más que la propia dolencia.
Mi experiencia no es un caso ocasional: es el reflexiva de un sistema que normaliza la desatención y que convierte a los pacientes en estadísticas antiguamente que en seres humanos. La lozanía pública en República Dominicana arrastra décadas de negligencia, desidia de inversión y diligencia politizada. Las huelgas, las cancelaciones, la desidia de insumos y la sobrecarga del personal son síntomas de una enfermedad estructural más importante: la indiferencia estatal cerca de la vida de sus ciudadanos.
La homicidio de mi religiosa no fue solo causada por el cáncer. Fue acelerada por la negligencia institucional, por la indiferencia de un sistema incapaz de objetar con presteza y humanidad. Ella murió esperando un turno, esperando una atención digna, esperando que algún la tratara como lo que era: una persona que merecía comportarse.
Hoy levanto la voz no solo por ella, sino por todas las familias que atraviesan el mismo calvario en hospitales públicos que me han escrito a través de las redes sociales con la misma situación, la misma indiferencia y el mismo trato. Es urgente una reforma verdadero en la diligencia hospitalaria: protocolos flexibles que prioricen la vida sobre el papeleo, agendas médicas que no condenen a los pacientes a meses de paciencia, equipos en buen estado y planes de contingencia para que nunca un máquina dañado sea una excusa para dejar de atender, y sobre todo, un trato humano que devuelva la confianza en un sistema que debería protegernos, no abandonarnos.
La lozanía es un derecho, no un privilegio. Y mientras siga siendo tratada como una carga burocrática, cada homicidio en nuestros hospitales será incluso una responsabilidad compartida del Estado.
