Por Ana Elisa Santiago

En julio de 2025, el Instituto para la Honradez y la Democracia en Haití (IJDH) publicó datos alarmantes sobre la subida de violencia en el país. El documentación afirma que, tan solo en los últimos seis meses, más de 4.000 personas fueron asesinadas —un aumento del 24% con respecto al mismo período del año inicial— y 1,3 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares, lo que equivale a casi el 11% de la población, la mayoría de las cuales eran mujeres, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. Estas cifras récord revelan no solo el colapso del Estado haitiano, sino todavía los existencias previsibles de un maniquí de intervención internacional que sigue imponiendo soluciones externas, extraño a las realidades y deyección locales.

Según el IJDH, la crisis presente es consecuencia directa de las acciones de la comunidad internacional. Fue moldeado por políticas históricas de explotación, el continuo apoyo al partido Pati Ayisyen Tèt Kale (PHTK) mientras este desmantelaba las instituciones democráticas, y la imposición de cambios en el Consejo Presidencial de Transición (CPT) para subvencionar a aliados vinculados a grupos armados. A esto se sumó la incapacidad para frenar el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos, y la retirada de fondos humanitarios en medio de la creciente emergencia.

El homicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó la ruptura definitiva del frágil orden institucional de Haití. Aunque gobernó por decreto y enfrentó protestas masivas, Moïse aún encarnaba la figura de un jerarca de Estado. El hueco de legalidad se profundizó con los sucesivos gobiernos interinos, lo que permitió que los grupos armados se consolidaran como poderes paralelos. El IJDH informa que entre el 85% y el 90% de Puerto Príncipe está bajo el control de bandas que regulan la circulación de personas y controlan infraestructura estratégica.

El ambiente que se despliega es de caos e ingobernabilidad, precisamente los principios que allanan el camino para la intervención extranjera con el pretexto de certificar la estabilidad circunscrito y regional. Pero no podemos caer en la trampa del dictamen internacional que naturaliza la presencia externa como única salida a la crisis, ignorando sus raíces históricas, muchas de las cuales están asociadas a la propia intervención extranjera. Insistir en modelos fallidos, misiones militarizadas, pactos entre élites deslegitimadas y fórmulas desconectadas de la efectividad circunscrito es repetir los errores del pasado.

La crisis en Haití no se deriva de la partida del Estado, sino de la presencia de un Estado capturado, moldeado por lógicas excluyentes y sostenido por intereses internacionales que se benefician de la inestabilidad. Pasar este ciclo requiere una audición activa y dejar la creencia colonial de que los haitianos son incapaces de autogobernarse.

El costo humano de la violencia

La emergencia humanitaria no es paralela a la crisis de seguridad; es su consecuencia directa. Haití es actualmente uno de los cinco países en peligro de hambruna severa, con 5,7 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Las pandillas controlan rutas, acervo y puntos de distribución, impidiendo que los suministros lleguen a los más necesitados. La deducción para desmantelar la situación implica el falleba de más de mil escuelas y aproximadamente el 40% de los hospitales. Esto se vuelve especialmente preocupante hexaedro el nuevo brote de cólera que asola el país, adecuado al gran número de desplazados internos sin paso a agua potable ni saneamiento elemental. El colapso de los servicios públicos forma parte de una táctica consciente que debilita la gobernabilidad y socava el sentido mismo de Estado.

El documentación señala la complicidad de funcionarios públicos con grupos armados, con acusaciones de financiación del crimen, tráfico de armas y drogas, y explotación política de las pandillas. El propio CPT está dibujado de obstruir las operaciones policiales y malversar fondos públicos. A pesar del discurso oficial sobre seguridad y gobernanza, las acciones internacionales siguen marcadas por contradicciones, el mantenimiento de élites corruptas y el apoyo a estrategias mal concebidas como la Cometido Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que, dos primaveras posteriormente de su autorización, todavía no ha conseguido contener la violencia.

Intervenciones de la ONU: Entre principios, fracasos y reinvenciones ambiguas

Las operaciones de la ONU se basan en tres pilares: consentimiento, imparcialidad y uso moderado de la fuerza. Sin retención, estos principios se están desmoronando en Haití. Con las pandillas en control territorial, el consentimiento se vuelve irrealizable; la imparcialidad se traduce en represión generalizada; y los límites de la fuerza son cada vez más estrechos, legitimados por mandatos internacionales.

En 2023, el Consejo de Seguridad autorizó nuevamente el despliegue de tropas extranjeras en Haití, pero fuera del ámbito tradicional de las operaciones de mantenimiento de la paz. La Cometido Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), conocida como una «encargo no perteneciente a la ONU», opera bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU —que permite el uso de la fuerza—, pero sin subordinación a la prisión de mando, mecanismos de rendición de cuentas ni financiación regular de la ONU. Si los marcos institucionales anteriormente no protegían a la población, su partida ahora expone un sistema aún más propicio para las violaciones. El ejemplo más evidente es la MINUSTAH (2004-2017), que prometió restablecer la seguridad y vigorizar las instituciones, pero dejó un delegado de violencia, abusos sexuales, impunidad e ira.

La propuesta del Consejo Presidencial de Transición de variar el MSS en una encargo de mantenimiento de la paz fue rechazada por el Secretario Normal, argumentando que tal cambio solo sería posible tras una reducción sustancial del control territorial de las pandillas. Sin retención, esta condición invierte la deducción de la intervención: exige alcanzar el objetivo antaño de proporcionar los medios necesarios para lograrlo y coloca sobre el pueblo haitiano la responsabilidad de difundir, bajo fuego enemigo, los requisitos previos para acoger una ayuda eficaz. La paz no se puede construir mediante el chantaje diplomático.

Mientras tanto, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) opera con un mandato político y demuestra impotencia en presencia de la subida paramilitar. Entre la desliz de acto efectiva y la dependencia de intervenciones sin apoyo institucional, se repite un patrón de misiones sin raigambre circunscrito ni mecanismos sólidos de estabilización. La ONU todavía propone la creación de una Oficina de Apoyo al Profesión de Seguridad. Los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), la reforma policial y la posibilidad de elecciones directas vuelven a estar en el punto de mira: medidas avíos, pero insuficientes cuando se centran en instituciones frágiles y carecen de coordinación con la sociedad civil.

De la omisión a la audición: la aprieto de la billete haitiana

Haití, históricamente considerado un laboratorio de intervenciones, puede —y debe— ser reconceptualizado como demarcación fértil para enfoques basados ​​en el diálogo, la inclusión y la iniciativa circunscrito. Integrar el conocimiento y las perspectivas haitianas en las agendas internacionales no solo es ético, sino que es una condición esencial para difundir un cambio estructural duradero. En las últimas décadas, las misiones internacionales de diversos formatos no han conseguido los objetivos establecidos en sus mandatos. Presentadas como soluciones para la estabilización, subestimaron la complejidad del país e ignoraron las concepciones locales de exposición, democracia y paz.

Es necesario poner fin a las promesas condicionales, los experimentos fallidos y las resoluciones improvisadas. La cuna de una revolución impensable puede ser un espacio para transformaciones genuinas, centradas en el protagonismo haitiano y la audición activa de los sectores de la sociedad que sustentan la vida y la resistor en el país. Haití necesita una solidaridad comprometida y el agradecimiento de que cualquier reconstrucción se hará con los haitianos, o nunca se hará.

Serie de ocho artículos sobre Haití en colaboración con el Familia de Investigación Haití: Descolonización y Emancipación – Estudios Contemporáneos y Críticos, bajo la dirección de UNILA. El corro publicó recientemente el tomo: “Haití en la encerrona de los tiempos actuales: Decolonialidad, anticapitalismo y antirracismo”.

Doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), con investigación sobre cooperación internacional y operaciones de paz de la ONU en Haití. Trabaja en la intersección entre la etnografía, los derechos humanos y la crítica a las formas contemporáneas de intervención internacional.