El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
En el mes de noviembre de 2023, el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en medio de la campaña electoral, anunció, con bombas y platillos, la renegociación del convenio de concesión de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), y el adelanto de bienes de esa empresa ascendentes a 775 millones de dólares, equivalentes a 44,592 millones de pesos dominicanos.
En esa ocasión el mandatario declaró que ese metálico, 775 millones de dólares, serían utilizados en la construcción de unas ocho (8) obras de infraestructura en diferentes puntos del país que transformarían la vida de la muchedumbre, sin confiscación, a casi dos abriles a posteriori, la existencia ha sido otra: las obras prometidas no existen, y el metálico ya se gastó.
Según las informaciones disponibles, cargadas en la plataforma digital de DIGEPRES, así como en el Sistema Integrado de Información de la Diligencia Financiera (SIGEF), durante el año 2024, el gobierno gastó la totalidad de los bienes que recibió de los fondos de AERODOM (RD$44,592 millones de pesos) y no ha construido ni siquiera una de las obras que prometió que iba a construir con esos bienes.
La longevo parte de esos bienes (cerca de del 90 %) fue utilizado en gastos corrientes, que incluyen: compras de libretas de pasaportes, subsidios, programas sociales, asistencias, y otros gastos no planificados ni comprometidos, incluyendo una transferencia directa, por el monto de RD$1,000 millones, a la ARS SENASA, entidad que hoy está envuelta en un escándalo de corrupción y obligación sin precedentes en la historia dominicana.
Pero lo peor de todo es que esas decisiones se han tomado sin el más insignificante extremo de transparencia ni rendición de cuentas claras.
No construidos
Entre los proyectos prometidos por el gobierno, y que no fueron construidos, se encuentran:
La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares, equivalentes a RD$3,000 millones de pesos dominicanos, que ya fueron gastados.
El puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Mayor Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Finalidad, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares correspondientes a RD$3,360 millones de pesos, que igualmente no ha iniciado y se usaron los bienes.
El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Conquistacon intersección de la avenida Charles de Gaulle, con un anuncio de US$30 millones de dólares, correspondientes a RD$1,800 millones de pesos, y se gastaron los bienes sin iniciar la obra.
La “Dispositivo Traumatológica del hospital de San Cristóbal”que recibiría una partida de RD$ 900 millones de pesos.
La posibilidad viario de la República de Colombia con avenida de Los Próceresun expresamente hasta la avenida Jacobo Majluta, que prometieron unos RD$6,480 millones de pesos y no se evidencia la asignación de fondos de Aerodomay tan pronto como se vislumbra una que otras remociones de tierra en la Avenida.
Mientras que el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD$21 mil millones de pesos prometidos, tan pronto como se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica.
Y la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Banderapasando por la avenida Isabel Aguiar, conectando a la autopista 6 de noviembre, en la que se invertirían RD$8,880 pesos, de los cuales se ejecutaron tan pronto como RD$1,265 con estos bienes, y que está, por lo menos en proceso de construcción.
Resulta inaudito que el gobierno haya desgastado, alegremente, todos los bienes que recibió de los fondos de la renegociación del convenio de AERODOM, hasta el 2060, y no haya construido, ni siquiera, una de las obras que prometió que iba a construir con esos bienes.
En casos como este, suelen surgir varias interrogantes: ¿Dónde están los miles de millones recibidos de AERODOM?; ¿Por qué no se cumplió con las obras prometidas?; ¿Quiénes se beneficiaron positivamente de esos bienes?
El hecho de que ni una sola obra se haya encumbrado con bienes tan significativos y comprometedores puede interpretarse como un patraña a una población incauta y confiada, sustentado en un manejo clientelar o poco transparente de esos bienes.
Hoy, la existencia es que el metálico se esfumó en compra corriente, clientelismo y propaganda política, mientras las comunidades siguen esperando las promesas incumplidas.
La Cámara de Cuentas guardia silencio, el Congreso Franquista, dominado por la mayoría oficialista, evade su rol de fiscalización, y la emplazamiento sociedad civil, que en otros tiempos levantaba la voz contra hechos similares, permanece falto o cooptada.
La ciudadanía merece respuestas concretas, no excusas, porque el silencio oficial solo confirma la sospecha de que esos fondos fueron utilizados como caja chica electoral y no como motor de progreso.
Jpm-am
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