Santo Domingo.- En el postrer mes del año, 66,526 nuevas motocicletas importadas fueron registradas por la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII), lo que incrementó la cantidad de ese tipo de vehículos en el país a 3.872.238 unidadesguarismo que representa el 58 % de los 6.6 millones de vehículos de motor que circulan en República Dominicana.

Estas nuevas unidades vienen a acrecentar el caos y la inobservancia de las normas de tránsitofactores que convierten a la República Dominicana en uno de los tres países con veterano tasa de muertes por accidentes de tránsito en el mundo por cada 100 mil habitantes.

En términos prácticos, más de uno de cada dos vehículos que circulan en el país es una motocicleta, lo que equivale a casi una motocicleta por cada tres habitantes.

El crecimiento anual sostenido de las motocicletas se explica por su bajo costola facilidad de financiamiento y su uso intensivo como utensilio de trabajo informal.

Este peso desproporcionado en el parque vehicular tiene un correlato directo en la siniestralidad viario. Las estadísticas de vitalidad y tránsito indican que más del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito involucran motocicletasuna proporción que se mantiene adhesión desde hace varios abriles y que coloca al país entre los de veterano mortalidad viario del mundo.

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Las salas de emergencia y las unidades de trauma reciben diariamente víctimas de accidentes en motocicletas, muchas de ellas con lesiones graves, amputaciones o discapacidades permanentes.

El problema no es la motocicleta en sí, sino la forma en que se usa y la desaparición de un control efectivo del Estado.

En las calles del país se ha normalizado un patrón de conducción temeraria, con motociclistas que circulan en contravía, ignoran semáforos y señales de tránsito, se desplazan sin casco protector, transportan más de dos pasajeros, invaden aceras y carriles exclusivos, y maniobran entre vehículos a adhesión velocidad. Estas conductas no son excepciones; forman parte del día a día del tránsito urbano.

Buena parte de este engendro está asociado al uso masivo de la motocicleta como medio de subsistencia informal.

El motoconcho, el reparto a domicilio y la correo han crecido sin un entorno regulatorio claro, sin exigencias de capacitación, sin seguros adecuados y sin controles técnicos periódicos.

La informalidad ha terminado imponiendo sus propias reglas en el espacio notorio.

Especialistas en seguridad viario advierten que el problema se agrava por la afición crónica de la fiscalización. Los operativos de control suelen ser esporádicos, concentrados en momentos puntuales y sin continuidad. En la mayoría de los casos, los agentes de la Dirección Común de Seguridad de Tránsito y Transporte Terráqueo (DIGESETT) prefieren hacerse de la audiencia gorda y mirar para otro flanco.

Las sanciones contempladas en la ley rara vez se aplican de forma sostenida y, cuando se imponen, con frecuencia no se cobran o se diluyen en procesos administrativos ineficientes.

Los motociclistas han aprendido que, para ellos, violar las normas de tránsito suele no tener consecuencias reales.

A esta afición institucional se suma una distorsión lícito que genera fuertes tensiones en la convivencia viario.

Diversos expertos en derecho y movilidad señalan que la presente Ley de Tránsito tiende a atenuar las consecuencias para los motociclistas en accidentes con vehículos de cuatro ruedas, incluso cuando la responsabilidad del siniestro recae claramente sobre ellos.

En la maña, conductores de automóviles y camionetas terminan enfrentando mayores cargas legales, administrativas y económicas, mientras el comportamiento imprudente del motociclista queda relativizado. Esta percepción de inequidad alimenta conflictos, desincentiva la denuncia y erosiona la confianza en el sistema.

El casco ignorado

Médicos especializados en trauma subrayan que la desliz de casco sigue siendo un delegado fundamental en la trascendencia de las lesiones.

A pesar de su compromiso lícito, el casco continúa siendo trillado como opcional, en parte por la desaparición de controles consistentes y en parte por la tolerancia social al incumplimiento. El costo humano de esta negligencia es elevado y recurrente.

La experiencia internacional demuestra que el problema no es insoluble. Países como Pimiento y Colombia han progresista en el registro auténtico de motocicletas, el uso obligatorio de placas visibles, la exigencia de seguros y la aplicación de controles tecnológicos.

En Españala fiscalización permanente, el sistema de puntos en la abuso y el uso extensivo de radares han contribuido a una reducción sostenida de la mortalidad viario. En todos los casos, el denominador popular ha sido la aplicación constante de la leyno la persecución ocasional.

Los delivery a la carga

El auge del servicio de delivery en motocicleta ha introducido un nuevo y preocupante delegado en la ya compleja dinámica del tránsito dominicano.

En los últimos abriles, el crecimiento acelerado de plataformas digitales, colmados, restaurantes y comercios que dependen de entregas rápidas ha multiplicado la presencia de motociclistas en las calles, especialmente en zonas urbanas de adhesión densidad, sin que este engendro haya sido acompañado por una regulación específica ni por mecanismos efectivos de control.

A diferencia del motoconcho tradicional, el delivery opera bajo una dialéctica de productividad extrema. El ingreso del repartidor depende directamente de la cantidad de pedidos entregados por caminata, lo que genera un cachas incentivo a achicar tiempos a cualquier costo. Esta presión económica se traduce en patrones de conducción particularmente riesgosos que se repiten de forma sistemática en las principales vías del país.

En la maña, muchos motociclistas de delivery zigzaguean entre los vehículos, se introducen de forma abrupta entre carriles, circulan a velocidades superiores a las permitidas y aprovechan cualquier espacio adecuado para avanzar, incluso cuando ello implica invadir carriles contrarios o áreas peatonales.

Este comportamiento no rebate solamente a decisiones individuales, sino a un maniquí activo sin controles.

Las empresas y plataformas que utilizan repartidores en motocicleta suelen carecer de protocolos exigibles sobre conducción segura, uso obligatorio de casco certificado, respeto a las normas de tránsito o límites de velocidad.

Siquiera existen sistemas efectivos de supervisión ni sanciones internas para quienes incumplen las reglas viales durante el servicio.

A ello se suma la informalidad profesional. Muchos repartidores no cuentan con contratos formales, seguros de responsabilidad civil ni cobertura adecuada en caso de montaña.

Operan como trabajadores independientes, asumiendo todos los riesgos, mientras las empresas se benefician del servicio sin responsabilizarse responsabilidades proporcionales frente a los daños que puedan ocasionarse a terceros.

La fiscalización se limita a controles generales de tránsito, insuficientes para un sector que opera de forma intensiva, continua y bajo presión de tiempo.

Especialistas en movilidad y seguridad viario advierten que, sin una regulación específicael delivery continuará profundizando el desorden viario.