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Como ninguna otra distribución público, el gobierno que preside Donaldo Trump ha persistido en utilizar sin límites todos los bienes legales contra la inmigración ilegal que se encuentra en los Estados Unidos.
En los continuos operativos realizados a nivel doméstico, las autoridades no solo han apresado a inmigrantes considerados indocumentados, a los protegidos por las leyes y hasta residentes legales incluidos ciudadanos norteamericanos.
Asimismo otro categoría en lo que se ha enfocado el gobierno en apresar y expulsarlo del país, son los llamados miembros de la ordenamiento criminal, El Tren de Aragua, surgida en Venezuela.
Aunque el gobierno está en el derecho de expulsar del distrito a los inmigrantes que no puedan demostrar su justicia, la existencia es que las deportaciones se están realizando bajo el criterio de la criminalización de la inmigración.
Esto implica que los inmigrantes están siendo tratados como criminales cuando en existencia no lo son, sino personas que han llegado al suelo norteamericano en examen de una segunda oportunidad en donde desarrollar sus vidas.
Pero aun los inmigrantes con circunstancias criminales como los miembros del Tren de Aragua que han sido apresados y enviados en cuestión de horas a la prisión del CECOT (Centro contra el Terrorismo) en El Salvador correcto a un acuerdo que mantiene el gobierno de Trump con el de la nación centroamericana, la cual recibe en promedio unos 20 mil dólares por cada inmigrante detenido.
La existencia es que los inmigrantes con circunstancias criminales o no han sido enviados al Cecot sin poseer sido favorecidos con el correcto proceso de ser escuchados por en presencia de los tribunales de razón correcto a la aplicación del gobierno de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En su decisión más flamante, la Suprema Corte de Imparcialidad de Estados Unidos estableció que el gobierno de Donald Trump no puede realizar la deportación de ningún inmigrante sea venezolano o de otra cuna al Cecot hasta que su caso sea conocido en un plazo de 21 días por el sistema procesal.
La intrepidez del mayor tribunal de razón norteamericano rechazó el viernes 16 de mayo la apelación del gobierno del presidente Donald Trump para reanudar rápidamente las deportaciones de inmigrantes venezolanos al amparo de una ley de tiempos de querella del siglo XVIII.
Con dos votos en contra, los jueces atendieron una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos que han sido acusados de ser miembros de pandillas, una designación que, según el gobierno, permite expulsarlos de forma rápida de los Estados Unidos al amparo de la antigua ley.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad doméstico del gobierno, así como la requisito de que tales intereses se persigan de forma congruente con la Constitución”, explicaron los jueces en su intrepidez procesal.
La Suprema Corte de Imparcialidad con la medida reglamentario le envió el mensaje al gobierno que más que desempeñarse con criterios unilaterales, las leyes deben ser aplicadas bajo las garantías que establecen los procesos judiciales. Las leyes no deben ser impuestas, sino aplicadas a la luz de lo que establece el derecho.
