Representantes del Gobierno de Ecuador y de las organizaciones sociales volvieron este miércoles a la Corte constitucional (CC), esta vez para defensor cada uno, en una audiencia. son postura en presencia de la segunda de las tres polémicas leyes que el detención tribunal suspendió de guisa parcial.

En concreto, la Ley de Integridad Pública acumula hasta 26 demanda de inconstitucionalidad por varios sectores de la sociedad. Algunos de ellos participaron en esta audienciaque se realizó de guisa telemática y a la que estaban llamados a asistir más de 100 personas.

Las mismas organizaciones convocaron una protesta frente a la CC Sede a las 9:30 hora circunscrito (14:30 GMT), media hora ayer del inicio de la audiencia.

La norma destaca especialmente por su reforma de la contratación pública y su intención de evitar la corrupción en el sector conocido. Igualmente incluye modificaciones de la ley de Servicio Divulgadola implementación de un portal de contratación pública y la creación de un registro único de proveedores.

Tres puntos polémicos

Existen tres puntos especialmente polémicos. Por un banda, la ley obliga a las cooperativas de hucha y crédito a volverse sociedades anónimas e integrar el sector financiero privado.

Por otro, cambiar el Código de la Preliminarespermitiendo que, en caso de delitos muy graves, presuntos delincuentes menores de tiempo sean juzgados como adultos. Y por final, y según los sindicatos en contra, desestabiliza las condiciones laborales de los empleados públicos.

Andrés Quishperepresentante reglamentario de la Unión Franquista de Educadores (UNE), una de las organizaciones más crítica a la leyexpuso que ésta abre la puerta a que “los funcionarios Sean despedidos de la confusión a la mañana”.

Este argumento, que llevan defendiendo desde la entrada en vigor de la normaes uno de los más recurrentes entre los sectores críticos. De hecho, un plan de eficiencia del Gobierno, que inició en julio, contempla el despido de 5.000 funcionariospoco que ha sido percibido como una primera consecuencia de la ley.

Otro abogado además consideró inconstitucional dictaminar como adultos a los menores infractores y recordó que contradecía estándares internacionales. Adicionalmente argumentó que la redacción de la norma cepalle imprecisano aporta seguridad jurídica y siquiera cumple con la pelotón de materiaaseguró.

Otras organizaciones en contra son la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje), la Unión de Servidores Universitarios y Politécnicos, el Frente Común de Trabajadores (FUT), la Unión Médica Ecuatoriana y colectivos feministas como Mujeres por el Cambio.

Audiencias en la Corte

Esta audienciaque es la segunda de las tres programadas, se suspendió la confusión de este miércoles y continuará el jueves con más réplicas y con las preguntas de los jueces a las partes.

La primera diligencia, relativa a la Ley de Solidaridad Franquistase celebró el pasado lunes, y la próxima, sobre la Ley de Inteligenciaserá el próximo 1 de septiembre.

Esta última norma es criticada porque permite a los agentes de inteligencia cazar otra identidad y al Gobierno solicitar información de usuarios a las compañías de telefonía.

Las audiencias iniciaron en medio de un pulso político que se intensificó el pasado 12 de agosto cuando el patriarca de Estado, Daniel Noboalideró una nutrida marzo en torno a la Corte constitucional en rechazo a su osadía de suspender parte de sus normas, que considera indispensables para continuar en su lucha contra la inseguridad.