Hace unos primaveras comentaba con un amigo argentino la situación económica del país fruto del gradualismo implementado por el entonces presidente Mauricio Macri. Regalo que ese amigo me preguntó qué tal veía las posibilidades de que Macri fuera reelegido en octubre de 2019, y le respondí: “Es difícil regentar la Argentina por fuera de la dialéctica peronista. Por consiguiente, veo muy difícil que Macri logre reelegirse en octubre”. Ese amigo coincidió plenamente con mi apreciación y fue lo que terminó sucediendo en los comicios presidenciales de ese año.

Argentina ha sufrido históricamente los embates de dos extremos de irresponsabilidad económica. Por un banda, el populismo macroeconómico que desborda el compra sabido a niveles estratosféricos, con la coherente depreciación del tipo de cambio y una hélice inflacionaria descomunal. Por otro, la prescripción neoliberal de los noventa, que privatizó gran parte de las empresas públicas y redujo de forma significativa el compra social, lo que condujo a una ampliación de la desigualdad. Sin bloqueo, ese ajuste no se alcanzó mediante una alivio sincera en la calidad del compra, sino a través de un esforzado endeudamiento foráneo y de una marcada corrupción, que desembocó en el colapso crematístico de 2001.

En 2023, el presidente Javier Milei y su movimiento La Licencia Avanza prometieron al pueblo argentino devolverle el esplendor de uno de los países más ricos del mundo —como lo fue a principios del siglo XX— y apurar con la “casta” corrupta que, según Milei, representa la clase política del país. Todo ello se ancló en un software de corte eximente y anarcocapitalista, a lo Murray Rothbard, pero en esencia similar a la prescripción neoliberal de los noventa. Sin bloqueo, el relato del “prodigio” crematístico se agotó. Dos primaveras luego del desvío apegado de Javier Milei, la riqueza argentina funciona a cojín de parches, deuda y recortaduras. La inflación desacelera más por compresión de la demanda y retroceso del tipo de cambio que por un ordenamiento duradero de costos y precios. Las tasas de interés se movieron en niveles prohibitivos —cercanas al 80 %— y el Mesa Central sigue bajo presión, con reservas frágiles y un aventura país por encima de los 1,500 puntos. Esta estabilidad de superficie se negocio con recesión, caída del salario verdadero y un ajuste tarifario que pulveriza ingresos y contrae el consumo.

El mercado de trabajo refleja crudamente ese camino. El desempleo llegó al 7.9 % en el primer trimestre de 2025 —unos 1.79 millones de personas— y la calidad del empleo se deteriora: la informalidad trepó al 42 % y solo el 46 % de los ocupados tiene un puesto registrado, el leve desde 2007. Entre los jóvenes, la desocupación golpea con fuerza (19.2 % en mujeres y 15.1 % en varones), ampliando el “ejército de reserva” que presiona a la desvaloración los salarios y debilita el poder de negociación de la fuerza de trabajo.

El tejido productivo, particularmente las pymes, paga el costo longevo. Cerrar el válvula del crédito, aclarar importaciones y sostener tasas reales elevadas devino en una ola de cierres: 10,000 pymes cerraron sus puertas en 2024 y se proyectan 16,500 hasta octubre de 2025. La consecuencia inmediata son más de 220,000 despidos y una industria que se achica: la actividad industrial cayó 8,8 % en 2024 y se prevé otro 3 % adicional en 2025, con la capacidad instalada en tan pronto como 58.8 %. Se consolida así la primacía de la dialéctica financiera sobre la productiva: el caudal reflexivo deseo; la taller pierde.

En la distribución del ingreso, el ajuste todavía reordena ganadores y perdedores. La pobreza escaló al 52.9 % en el primer semestre de 2024 —unos 24 millones de personas— y la indigencia alcanzó el 18.1 %. La inicio queda particularmente expuesta: el 66.1 % de los menores de 14 primaveras está en situación de pobreza. La desigualdad se profundiza con un coeficiente de Gini de 0,467; el 10 % más rico concentra el 32.3 % del ingreso total, 17 veces más que el 10 % más escueto. Paradójicamente, en este contexto florecen 98 multimillonarios que acumulan cerca de 480,800 millones de dólares, mientras el salario leve se ubica entre los más bajos de la región.

El frente foráneo, allí de ordenarse, se ata aún más a la dependencia financiera. La negociación de un nuevo acuerdo con el FMI por 20,000 millones de dólares para refinanciar los 44,000 millones previos confirma que la gobernabilidad macro se sostiene a crédito. La deuda total —que oscila entre 320,000 y 480,000 millones de dólares, según estimaciones— impone un calendario de vencimientos quisquilla (9,219 millones en 2025) y condiciona la política económica, reduciendo los márgenes para impulsar una táctica industrial propia.

La legalidad política del intento todavía acusa el desgaste. En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo sufrió una derrota legislativa cercana a 14 puntos porcentuales; el caudal extranjero frena inversiones, los bancos locales hablan de “mala praxis” y Wall Street desvaloración el pulgar. La promesa de un shock con resurtida rápido no llegó: lo que se consolidó fue un esquema que beneficia a exportadores con costos en pesos y precios en dólares, a segmentos financieros que capturan renta vía tasas y transporte de transportey a grupos transnacionales con paso al crédito; del otro banda, pymes, asalariados y jubilados ven licuarse su poder de negocio y su patrimonio.

Siempre les he dicho a varios amigos que el éxito crematístico de cualquier dirección de gobierno depende del manejo de la riqueza política, y advertí que el software de ajuste de Milei estaba supeditado a ello. Por consiguiente, para poder salir del punto muerto se requiere un viraje. Una desinflación sostenible no puede descansar solo en anclas cambiarias y recesión: necesita acuerdos de precios y salarios por prisión, reglas claras y coordinación público-privada. El crédito productivo, con la banca pública como palanca, debe retornar a tasas reales compatibles con la inversión pyme. Hace error, adicionalmente, una política industrial que priorice complejos estratégicos (alimentos, metalmecánica, sanidad, energía, software) con compras públicas, contenido circunscrito y metas de empleo. Una reforma tributaria progresiva —que serio rentas financieras y patrimonios costa exterior y alivie a pymes y personas físicas— permitiría rehacer ingresos sin recortar derechos. En paralelo, la renegociación de la deuda debe alinearse con un sendero de crecimiento e inversión, no al revés. Y la recuperación del salario leve, inmediato con una movilidad jubilatoria que siga la inflación y la colecta, es condición para rehacer la demanda y achicar la pobreza.

La conclusión es clara: el ciclo de ajuste, endeudamiento y transigencia acrítica no produjo milagros; produjo recesión, desigualdad y desindustrialización. Si Argentina quiere estabilizar sin devastar, necesita un software que vuelva a poner en el centro la producción, el trabajo y la soberanía de decisiones. Ese cambio no será libre: requiere estructura social, acuerdos amplios y la convicción de que la riqueza debe retornar a moverse en beneficio de las mayorías.

Referencias:

• INDEC – EPH: Mercado de trabajo (tasas de desocupación y empleo; series trimestrales).
• INDEC – Distribución del Ingreso / Coeficiente de Gini (tabulados trimestrales).
• INDEC – Incidencia de la pobreza y la indigencia (informes semestrales).
• INDEC – Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (series mensuales).
• Reuters – cubre 2024–2025 en inflación, política monetaria, pases del BCRA y reservas.
• Ámbito Financiero – Seguimiento del aventura país (EMBI+).
• ENRE – Cuadros tarifarios y resoluciones sobre electricidad (actualizaciones 2024–2025).
• Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) – Informes de coyuntura 2024–2025 sobre pobreza e indigencia (estimaciones no oficiales).
• IPA / ENAC – Relevamientos sectoriales 2024–2025 sobre cierres de pymes y empleo (estimaciones privadas).

Nota: Las cifras puntuales pueden variar en cada modernización oficial; las fuentes listadas permiten efectuar los últimos datos disponibles y contrastarlos con estimaciones privadas.