Togado Román Arturo Berroa Hiciano, presidente de la Cuarta Sala del TSA

NUEVA YORK.- El informe digital El Faro Latino ha interpuesto un petición de amparo en cumplimiento contra la Trabazón Central Electoral (JCE) frente a el Tribunal Superior Oficinista (TSA) de la República Dominicana por la negativa reiterada del víscera electoral a entregar información pública relacionada con los gastos de las elecciones en el foráneo de 2024.

La audiencia está programada para el próximo 28 de mayo y estará a cargo del magistrado Román Arturo Berroa Hiciano, presidente de la Cuarta Sala del TSA, conocido por su postura a valenza del ataque a la información pública.

Durante su aspiración al Tribunal Constitucional en 2024, Berroa Hiciano declaró que “el derecho a la información pública es uno de los pilares fundamentales del Estado demócrata”.

¿QUE SOLICITA EL FARO LATINO?

El medio presentó el 21 de octubre de 2024, a través del Portal Único de Entrada a la Información Pública (SAIP), una solicitud formal de documentos financieros sobre las elecciones realizadas en el foráneo, incluyendo el presupuesto asignado y las transferencias a las Oficinas de Servicios en el Foráneo (OSE) para ser utilizados en una investigación periodística en curso.

Según denuncias de la abogada del informe, Fanny Castillo, la JCE ha retrasado la entrega de los documentos, ha solicitado prórrogas sin argumento clara y ha remitido información incompleta.

TRANSPARENCIA EN JUEGO

El caso ha despertado gran interés en la diáspora dominicana. Diversos sectores consideran que la transparencia de los gastos públicos en procesos electorales es esencia para asegurar la integridad institucional.

El Faro Latino sostiene que este es un caso distintivo sobre el derecho ciudadano a conseguir a información pública, amparado por la Ley 200-04 y la Constitución Dominicana. El medio asegura que, si el TSA no error a su valenza, llevará el caso al Tribunal Constitucional mediante las vías legales correspondientes.

Durante una audiencia del Consejo Franquista de la Magistratura, el sentenciador Berroa Hiciano fue claro: “La Constitución establece como un derecho troncal la dispensado expresión, y de ahí deriva el derecho a la información. Este incluye tanto el derecho a informar como el derecho de cada ciudadano a ser informado.”

Estas declaraciones han generado altas expectativas entre la diáspora dominicana y en el propio medio demandante, que retraso coherencia entre las palabras del sentenciador y su resolución.

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