La autora es directora del Sección Derechos Humanos de Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha). Reside en Santo Domingo

Rosita Charles Pierre fue una víctima del sistema. Murió esperando una respuesta del Estado para el gratitud de su ciudadanía y la de sus tres hijos.

El flamante homicidio de la novato dominicana de ascendencia haitiana, ocurrido en la comunidad de Maizal, provincia Valverde, ha vuelto a evidenciar las graves deficiencias del Estado dominicano en la protección de las mujeres, especialmente aquellas de ascendencia haitiana. Rosita fue asesinada el lunes por su expareja, en un hecho que refleja la persistente crisis de violencia de categoría en el país.

Charles Pierre, contiguo a sus nueve hermanos, nacieron en departamento dominicano de padres extranjeros vinculados a la industria ingenio. Todos fueron incluidos como beneficiarios de la Ley 169-14 bajo el idéntico B, pero han quedado sin documentación y sin una salida jurídica efectiva oportuno a la desidia de procesos para la renovación o entrega de documentos nacionales.

La desidia de mecanismos reales de prevención y el miedo que enfrenta esta población para presentar denuncias en presencia de el sistema legislativo oportuno al vencimiento de la documentación emitida en la aplicación de la Ley 169-14, sumado a la indiferencia institucional para resolver la situación, convierte al Estado en cómplice de las agresiones y de la violencia física y sexual que sufren las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.

Aunque la Procuraduría Especializada en Violencia de Variedad se ha mostrado abierta a admitir denuncias, las mujeres sin documentación o con documentos vencidos temen salir de sus hogares y asistir en presencia de las autoridades, porque sin papeles se convierten en víctimas potenciales de las autoridades migratorias. Por ello, muchas prefieren seguir soportando el maltrato de sus agresores, parejas, empleadores e incluso vecinosuna situación que genera un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.

La asesinato de Rosita Charles es un recordatorio doloroso de esta ingenuidad.

Es importante señalar que la violencia y las agresiones sexuales contra mujeres sin documentación o con documentos vencidos aumentaron posteriormente de que el Presidente de la República anunciara disposiciones para realizar deportaciones masivas en un corto período.

La partida de respuestas para la población dominicana de ascendencia haitiana, contiguo con el discurso chovinista, ha sido un factótum determinante en el incremento de agresiones físicas, muertes materno-infantiles, violencia sexual y feminicidios, como en el caso de Rosita.

Es urgente que el Estado dominicano cree vías legales efectivas para el gratitud de la ciudadanía de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Asimismo, que ponga fin a una actos discriminatoria que profundiza la salvedad y la vulnerabilidad de esta población.

La asesinato de Rosita Charles se convierte así en un símbolo de la emergencia para la creación de una opción actual, duradera y efectiva a la situación de las personas nacidas en la Republica Dominicana ayer de la Constitución de 2010.

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