El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

Desde el caso del Parcialidad Agrícola, lo que emerge no es solo una disputa entre oficialismo y examen, sino una señal clara de fragilidad institucional. Cuando las denuncias políticas se sostienen sobre informes técnicos, auditorías y números verificables, el debate deja de ser retórico. El problema ya no es quién acusa, sino qué tan expuesto está el Estado cuando sus propias entidades operan sin controles efectivos y sin consecuencias visibles.

El Parcialidad Agrícola ilustra cómo una institución creada para el incremento productivo puede convertirse en zona mediocre del poder. Cartera deteriorada, deuda activo, préstamos fuera de mandato y abandono de provisiones no describen un error puntual, sino un maniquí de tolerancia al peligro sin respaldo, donde las pérdidas se difieren y el costo actual se traslada al futuro y al contribuyente.

La defensa institucional suele apoyarse en una novelística conocida, “todo está bajo control”. Sin bloqueo, no provisionar durante primaveras no es una valentía neutra; es una omisión deliberada. La ley no exige prudencia solo cuando conviene políticamente. Cuando el deber de ejecutar existe y se elige no hacerlo, la omisión se transforma en corrupción silenciosa, aunque no haya firmas ni transferencias visibles.

Este patrón no es exclusivo del Parcialidad Agrícola. BanReservas, por su tamaño y rentabilidad, representa otra cara del mismo engendro. Su fortaleza financiera funciona como escudo, mientras genere utilidades, se normaliza el uso político de su músculo crediticio y su rol importante. No es un bandada en crisis, sino un pilar capturable, demasiado vasto para estropearse y demasiado influyente para ser cuestionado con rigor.

En SeNaSa, la captura adopta una forma distinta pero igual de peligrosa. La compañía de medios para la sanidad pública se diluye entre múltiples órganos de control que fallan simultáneamente. Auditorías sin consecuencias, supervisiones fragmentadas y responsabilidades repartidas crean un sistema donde nadie decide formalmente, pero todos permiten que el daño avance sin correcciones oportunas.

Oncológico

El caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao lleva esta razonamiento a su expresión más cruel. Medicamentos donados y vencidos, fallas de administración y silencios prolongados no responden a una orden explícita, sino a una condena de omisiones. Aquí la corrupción no examen rentas ni votos, produce daño humano irreversible. Es la forma más extrema de violencia institucional.

Estas entidades comparten un nota central, se presentan como “autónomas”, pero operan sin contrapesos reales. No son ministerios, pero manejan medios públicos o parafiscales de enorme impacto. Esa condición híbrida facilita la política sin firmas, decisiones que se ejecutan sin dejar pista documental claro, protegidas por la fragmentación del control y la imprecisión del mando.

Así funciona el Estado paralelo. No sustituye al Estado formal; lo parasita. Utiliza sus bancos, aseguradoras y hospitales para ejecutar decisiones políticas sin debate sabido ni trazabilidad. Cuando surge un escándalo, la respuesta es predecible, nadie ordenó mínimo, nadie firmó mínimo, nadie es responsable. La responsabilidad se evapora antaño de durar a nombre propio.

La corrupción por omisión es la utensilio ideal de este sistema. No requiere robar, sino no corregir; no exige conspirar, sino tolerar. Su defensa es perfecta: “yo no hice mínimo”. Pero en compañía pública, no hacer cuando se debe ejecutar incluso es cultivar poder. Y ese poder, usado para proteger intereses o evitar costos políticos, es profundamente corrupto.

Lo más difícil es que este esquema convive cómodamente con la democracia electoral. Cambian los gobiernos, pero el método permanece. Cada partido denuncia desde la examen lo que toleró cuando fue poder. Así, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en lengua estructural del sistema, reforzando el cinismo ciudadano y la desconfianza institucional.

El daño no se mide solo en plata. Se mide en crédito sabido débil, en servicios de sanidad degradados, en instituciones que pierden licitud sencillo. Cuando el Estado no actúa a tiempo, socializa las pérdidas y privatiza la impunidad. El costo lo pagan siempre los mismos, productores reales, pacientes, usuarios y ciudadanos sin paso al poder.

Romper este ciclo exige poco más que discursos anticorrupción. Requiere responsabilidad por omisión, trazabilidad obligatoria de decisiones y consecuencias personales para quien incumple su deber de ejecutar. Sin eso, la política seguirá operando sin firmas y el Estado paralelo seguirá gobernando desde las sombras, hasta que la fragilidad institucional deje de ser advertencia y se convierta en colapso.

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