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Por Elvin Castillo
El Pregonero, Santo Domingo.-Desde sus inicios, el presente gobierno dominicano ha mostrado un interés persistente por circunscribir la arbitrio de expresión. Lo ha hecho a través de propuestas legislativas que, aunque maquilladas con discursos de modernización y regulación, apuntan a un mismo objetivo: restringir la crítica, condicionar el disenso y controlar la novelística pública.
Este nuevo intento con el Esquema de Ley Orgánica de Sencillez de Expresión y Medios Audiovisuales es un claro ejemplo de ello. Si adecuadamente no establece penas de prisión ni sanciones penales, como se temía en versiones anteriores, sí propone un entramado regulatorio que otorga al Estado facultades para supervisar, sancionar y condicionar a los medios de comunicación, en distinto a los audiovisuales y digitales.
Lo que parece, pero no es
El texto reconoce formalmente la arbitrio de expresión como derecho fundamental. Sin secuestro, introduce cláusulas ambiguas sobre la protección de la identidad doméstico, el orden notorio y la íntegro, que pueden interpretarse a conveniencia para argumentar sanciones administrativas. Y aunque estas sanciones no impliquen mazmorra, sí pueden tener un finalidad intimidatorio o incluso disuasivo para medios y periodistas que no se alineen con el poder.
Como profesional de la comunicación con dos décadas de experiencia, reconozco que nuestra profesión enfrenta desafíos reales: desinformación, banalización, exceso de opinología sin almohadilla ni rigor. Pero la alternativa no es el control estatal, ni el silenciamiento encubierto, sino robustecer la ética, la formación y la autorregulación.
El problema de fondo: quién regula y con qué intención
Uno de los aspectos más preocupantes del esquema es la creación del Instituto Franquista de Comunicación (INACOM), un entraña regulador con amplios poderes de supervisión y aprobación, cuyos miembros serían designados por el Poder Ejecutante. Esta directiva tendría la concesión de intervenir en la concesión de licencias, regular plataformas digitales, encasillar contenidos y fiscalizar espectáculos públicos.
El esquema está estructurado en 29 páginas, distribuidas en 75 artículos, organizados en nueve títulos que abarcan temas como: arbitrio de expresión, comunicación social, medios audiovisuales, plataformas digitales, espectáculos públicos, derechos de rectificación, régimen sancionador y disposiciones transitorias. Esta densidad norma no solo refleja una anhelo regulatoria significativa, sino incluso la posibilidad de un entorno constitucional que puede ser interpretado y esforzado de forma discrecional por el poder político.
La imparcialidad de este entraña es, en el mejor de los casos, una ilusión. Quienes lo integren inevitablemente responderán a los intereses políticos del momento, a la memorándum del gobierno que los nombró, y a las presiones de los actores de poder. En manos de un gobierno intolerante, esta estructura podría transformarse fácilmente en un útil de censura selectiva y de persecución mediática disfrazada de moralidad.
Sencillez de expresión, incluso cuando incomoda
Resulta irónico y profundamente indignante que este gobierno, que accedió al poder impulsado por una arbitrio de expresión sin precedentes, hoy promueva mecanismos para silenciar la crítica que en su momento lo benefició. Muchos de sus funcionarios, que antiguamente atacaban con arbitrio, hoy se muestran intolerantes, hostiles delante la crítica y dispuestos a usar notificaciones legales como método de presión.
En democracia, la arbitrio de expresión no debe estar supeditada a los intereses del poder ni a su comodidad política. Por el contrario, debe garantizarse aún más cuando incomoda, porque ahí reside su efectivo valía.
Conclusión: la defensa de la voz colectiva
Este esquema de ley, pese a sus buenas intenciones declaradas, tiene el potencial de convertirse en un útil de control y censura institucionalizada. No debemos permitirlo. No porque ignoremos los problemas del ecosistema mediático, sino porque sabemos que la alternativa nunca puede ser circunscribir el derecho a opinar, disentir y denunciar.
Adicionalmente, bajo el presente maniquí constitucional y parlamento, quien se sienta difamado o injuriado cuenta con herramientas legales claras: puede presentarse a los tribunales de la República y demandar al supuesto infractor, conforme al oportuno proceso. Entonces, ¿por qué imponer una edificación reguladora tan extensa, costosa y potencialmente riesgosa? ¿Por qué sustituir el sistema legislativo por un entraña oficinista, subordinado al poder político, que pueda sancionar según criterios muchas veces subjetivos?
Lo que está en placer no es solo el trabajo de los periodistas, sino el derecho de toda una sociedad a expresarse autónomamente, sin miedo a represalias desde el poder.
