José Luis Sampietro/Latinoamérica21

En el principio de una nueva era tecnológica, América Latina observa con cierta mezcla de esperanza y temor el avance de la inteligencia industrial. En los discursos oficiales y los foros empresariales se repite con entusiasmo que la región debe subirse al tren de la innovación, pero en las calles, en los talleres y en las aulas, la pregunta es otra: ¿quién diseña verdaderamente el futuro de nuestros empleos.

Si poco enseña la historia latinoamericana es que las revoluciones tecnológicas, cuando llegan sin política y sin equidad, suelen ampliar la distancia entre quienes deciden y quienes obedecen. Los datos recientes de la Ordenamiento Internacional del Trabajo son elocuentes. Entre un 26% y un 38% de los trabajos en América Latina y el Caribe podrían hallarse afectados por la irrupción de la inteligencia industrial generativa.

De ese universo, entre un 8% y un 14% experimentaría mejoras de productividad gracias al uso de herramientas de automatización y observación, mientras que entre un 2% y un 5% corre el peligro de desaparecer por completo. Detrás de esos porcentajes hay personas reales: trabajadores administrativos, técnicos, vendedores, docentes o profesionales independientes.

La inteligencia industrial reconfigura silenciosamente las tareas, las jerarquías y las oportunidades. Y en una región marcada por desigualdades estructurales, el impacto no será uniforme. Mientras las grandes empresas urbanas pueden modificar en capacitación, conectividad y transformación digital, millones de trabajadores informales, jóvenes sin golpe a educación técnica o comunidades rurales sin conexión estable quedan fuera del atlas del progreso. El Asiento Mundial calcula que entre un 30% y un 40% de los empleos en la región están expuestos a los artículos de la IA, y que hasta diecisiete millones de trabajadores podrían no beneficiarse de ella por desatiendo de infraestructura digital o competencias adecuadas.

La paradoja es que, en un continente que exporta talento, la gran mayoría de su población sigue siendo usuaria pasiva de tecnologías diseñadas y gobernadas por otras regiones. El dilema entonces no es solo crematístico o profesional, sino político. ¿Quién define las reglas del coyuntura en esta nueva revolución industrial? Las corporaciones tecnológicas que desarrollan los modelos de lengua y controlan los datos ya marcan el ritmo del cambio, pero los Estados, las universidades y las comunidades locales parecen pasar detrás, intentando entender un engendro que avanza más rápido que las leyes y los presupuestos.

En los países más avanzados de la región, como Pimiento, Brasil o México, ya se han impulsado estrategias nacionales de inteligencia industrial. Sin confiscación, pocas incluyen mecanismos reales de gobernanza o décimo ciudadana. Las políticas suelen centrarse en promover la admisión tecnológica sin preguntarse quién controla los algoritmos, cómo se protegen los datos personales o qué ocurre con los trabajadores desplazados. En otras palabras, hablamos mucho de innovación, pero poco de crecimiento tecnológica.

El peligro de una dependencia digital se cierne sobre América Latina: así como en el siglo XX la región dependió de la importación de maquinaria industrial o de tecnología marcial, hoy podría restar atrapada en la importación de algoritmos. Consumimos plataformas que no reflejan nuestras lenguas, nuestros títulos, ni nuestras realidades.

Si no desarrollamos modelos propios, la inteligencia industrial terminará siendo una nueva forma de colonialismo, una en la que no se dominan territorios, sino datos.

Se deben promover más iniciativas, como cuando, por ejemplo, en junio de 2025, varios países latinoamericanos lanzaron una iniciativa conjunta para desarrollar un maniquí de lengua regional, Latam-GPT, destinado a incorporar expresiones, acentos y contextos propios del castellano y del portugués latinoamericanos.

No se manejo solo de una cuestión filología, sino cultural y política, y una oportunidad de incentivar la posibilidad de que nuestros algoritmos aprendan de nosotros y no exclusivamente de bases de datos foráneas.

Si esta experiencia prospera, podría marcar el inicio de una soberanía tecnológica regional, poco que América Latina no ha tenido desde hace décadas. Pero más allá de la innovación, el debate crucial sigue siendo social. En una heredad donde casi la porción del empleo es informal, la automatización puede resultar devastadora si no se acompaña de políticas activas.

Los sectores más vulnerables como los servicios administrativos, comercio minorista, atención al cliente, provisión, están entre los más expuestos.

En muchos casos, la inteligencia industrial reemplaza tareas, no personas completas, pero la fragmentación profesional puede rozar la estabilidad de millones de hogares. Sin redes de protección, reconversión profesional o apoyo al plan, los desplazados tecnológicos quedarán condenados a la precariedad. La otra cara del problema son los trabajadores invisibles detrás de la inteligencia industrial, es asegurar aquellos que etiquetan, corrigen o validan datos desde América Latina para avivar los modelos globales.

Talentos venezolanos, argentinos, ecuatorianos, brasileños, entre otros, realizan ese trabajo remoto y precario por sueldos mínimos. Es la paradoja de una región que, mientras discute sobre el futuro del trabajo, ya sostiene parte de la heredad digital mundial en condiciones del siglo XIX. Si América Latina quiere alterar esta crisis en oportunidad, debe comportarse ahora.

El primer paso es concretar políticas nacionales de inteligencia industrial con enfoque social, no meramente productivo. La IA no puede ser solo un tema de innovación empresarial, debe incluir estrategias de capacitación masiva, conectividad inclusiva, educación tecnológica y regulación ética.

Sin una alfabetización digital amplia, la mayoría de la población quedará atrapada entre la fascinación y el miedo.

La infraestructura digital sigue siendo el gran cuello de botella, pues no existe inclusión sin golpe, y sin golpe no hay equidad. Las inversiones en fibra óptica, 5G y redes satelitales deberían considerarse tan estratégicas como las obras viales o energéticas.

Del mismo modo, la educación necesita una revolución de contenido, orientada a formar a las nuevas generaciones en pensamiento algorítmico, ética de datos y creatividad digital, no solo en el uso instrumental de la tecnología.

Los países más pequeños, como Ecuador o Uruguay, pueden encontrar en esta transición una superioridad comparativa si apuestan por políticas ágiles y alianzas con universidades, startups y gobiernos locales. Ecuador, por ejemplo, podría impulsar una organización de IA aplicada a sus desafíos estructurales, como lo es la mandato del agua, agricultura sostenible, prevención de desastres o educación rural. Si el país logra vincular tecnología con propósito social, podría posicionarse como un referente regional en innovación inclusiva.

El componente ético es igualmente urgente. Los ciudadanos tienen derecho a enterarse cuándo una valentía pública ha sido mediada por un operación, cómo se usan sus datos y qué sesgos existen en los modelos que afectan su vida. La transparencia algorítmica y las auditorías independientes deberían formar parte de la memorándum democrática.

La inteligencia industrial no debe reemplazar la política, sino mejorarla. Por estas razones, el gran duelo hispanoamericano no está en estudiar a usar la inteligencia industrial, sino en animarse qué queremos hacer con ella. Si permitimos que la innovación avance sin dirección, corremos el peligro de profundizar nuestras desigualdades, pero si la transformamos en una aparejo de incremento humano, podríamos estar frente a una oportunidad histórica alrededor de el brinco productivo y educativo.

En esta dilema, el papel de las universidades, los científicos y los pensadores públicos será cardinal. Necesitamos voces que conecten la tecnología con la ética, la productividad con la neutralidad, la innovación con la empatía. El futuro del trabajo no puede diseñarse desde laboratorios desconectados de la sinceridad social. La inteligencia industrial nos confronta con una pregunta casto y política: ¿queremos una tecnología que nos sustituya o una que nos complemente? La respuesta dependerá de si América Latina decide ser autora o simple espectadora de su propio futuro.

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