El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles un decreto de convocatoria a consulta popular, pese a que el Congreso rechazó la propuesta en mayo. La osadía ha sido fuertemente cuestionada por juristas, opositores y organizaciones civiles, que advierten sobre un posible quiebre de la separación de poderes.

El decreto será ahora revisado por la Corte Constitucional, que deberá determinar su validez justo.

La medida se da en medio de un clima de ingreso polarización política y una semana marcada por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras tomar múltiples disparos el sábado pasado.

La consulta propuesta por Petro pesquisa dar respaldo popular a reformas laborales, una de sus principales promesas de campaña, y cuya aprobación ha sido bloqueada en el Constituyente. El Congreso rechazó la consulta en mayo, pero Petro alega que hubo irregularidades en la votación del Senado, como un voto mal registrado y una sesión anormalmente corta, lo que a su entendimiento invalida el resultado.

“La osadía del Senado no es válida”, declaró el mandatario al testimoniar el decreto. Sin incautación, expertos en derecho constitucional han capaz que solo la honestidad puede revisar y anular actos del Congreso.

“El decreto es una clara violación a la Constitución. El Ejecutor no puede sustituir al Constituyente”, advirtió en la red social X el exconstituyente Humberto de la Calle.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que si el Congreso aprueba la reforma sindical antaño del 20 de junio, el decreto quedaría automáticamente derogado. Según explicó, hoy era el zaguero día hábil para firmarlo.

El “decretazo”, como ha sido apodado, representa uno de los momentos más tensos entre Petro y el Congreso desde su aparición al poder en agosto de 2022. Aunque el presidente de izquierda fue preferido con una memorándum de transformación, muchas de sus reformas han sido bloqueadas por desliz de consensos, y este nuevo movimiento es pasado por críticos como un desafío directo al orden constitucional.