El crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el mejora en América Latina y el Caribe, según el nuevo Reporte Financiero de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en inglés) del Mesa Mundial, presentado hoy.

El documentación, titulado “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, subraya cómo estos problemas agravan el ya frágil panorama financiero de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerá un 2,1 por ciento en 2025 y un 2,4 por ciento en 2026, lo que la posiciona como la región de beocio crecimiento a nivel mundial.

La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia mortífero vinculada al crimen organizado. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, y las tasas de homicidios son ocho veces superiores.

El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de fondos ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19, que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil.

“El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema ocasional; exige un diálogo regional y entero para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y bienes colectivos”, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Mesa Mundial.

Esta proliferación tiene claras consecuencias para el mejora. El documentación describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento financiero y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la molestia desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad. Por otra parte, el desvío de bienes de seguridad pública de servicios esenciales como la lozanía y la educación supone una carga para países que ya enfrentan un stop nivel de deuda y desafíos fiscales.

“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de mejora. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos afrontar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un carga permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista patriarca para América Latina y el Caribe del Mesa Mundial.

Para afrontar estos desafíos, el documentación insta a consolidar una dietario diseñada para robustecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, la prosperidad de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Para ganar el crecimiento y el mejora en la región es esencia contar con instituciones acertadamente equipadas.

Las políticas económicas igualmente desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el crecimiento y las reformas generadoras de empleo, a la vez que ofrecen a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional. Estas iniciativas aumentan el costo de oportunidad de la delincuencia, reduciendo su propuesta profesional.

El documentación enfatiza la privación de producir estudios a grande plazo a fin de orientar la argumento público, ya que la partida de estudios periódicos y comparables dificulta el mejora de políticas eficaces.